Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

 

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 2/2013, de 10 de octubre, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La conservación de la naturaleza, tal y como tradicionalmente se ha venido realizando en la legislación del País Vasco, ha buscado la preservación de los valores naturales conjugada armónicamente con el mantenimiento de determinadas actividades económicas compatibles con los valores que se pretenden preservar. El propio estado de conservación de los espacios seleccionados es consecuencia de su histórico soporte de ciertas actividades de carácter económico, principalmente las derivadas del sector primario. Al mismo tiempo, un espacio a conservar no debe ser una reserva en la que se prescinde de la actividad del hombre a modo de museo estático sin más objetivo que su propia preservación ajena a la evolución lógica de los ecosistemas y las interactuaciones que en los mismos se producen entre las diferentes especies que lo habitan, incluido el ser humano.

La presente modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco responde, precisamente, a esos principios de actuación: respetar lo realizado, corregir aquello que pueda poner en riesgo una evolución equilibrada del espacio y establecer cautelas para que potenciales nuevos desarrollos económicos no pongan en riesgo los valores a proteger, pero nunca cerrar el paso de una manera radical a potenciales desarrollos económicos de los espacios naturales protegidos.

Entre los elementos integrantes del medio que pueden considerarse recursos naturales se hallan determinadas materias en sus diversas formas, sólidas, líquidas o gaseosas. Estos recursos pueden incorporarse a una actividad industrial, y es entonces cuando se produce una posición de enfrentamiento entre estas actividades y los valores ambientales que deben protegerse y ante la que debe buscarse un equilibrio y fijarse los criterios de actuación entre la defensa de la naturaleza y la realización de las actividades extractivas de esas materias.

La proposición de ley de las Juntas Generales de Araba de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza, siendo loable en su intención de prohibir la utilización de una técnica concreta para la extracción de gas, no acierta en el modo de abordar de manera correcta un problema concreto que parece cernirse sobre los espacios naturales protegidos.

No se trata de prohibir determinantemente ni una actividad concreta de manera genérica, ni siquiera la utilización de un método específico de extracción de materiales, en los espacios naturales protegidos. Se trata de evitar que se realicen actividades, usos y técnicas contrarias al espacio que se protege utilizando los mecanismos previstos en la legislación vigente en la actualidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la que los planes de ordenación de los recursos naturales son la herramienta específica en la que se concretan los valores de protección, y también las limitaciones generales y específicas de los usos y actividades de los ámbitos protegidos, de modo que sólo se puedan realizar las actividades previstas en el plan, incluidas determinadas técnicas, por ser compatibles con los valores que determinan la protección de estos espacios. Además de establecer las normas específicas de ordenación y gestión de los espacios naturales protegidos, se acude también a la evaluación de impacto ambiental, de modo que todos estos instrumentos deben ser capaces de mantener los espacios en sus niveles óptimos de conservación, sin por ello descomponer las actividades de desarrollo económico propios de los mismos.

Por otro lado, depositar la responsabilidad de velar por el estado de conservación en las normas propias de cada espacio es trasladar al Gobierno, las diputaciones forales y los ayuntamientos de cada espacio la responsabilidad directa de velar por el mismo, entendiendo que la vinculación de las personas que viven en un espacio protegido en su conservación es la mayor garantía de que ésta avance por una senda de razonabilidad comprensible por el resto de la sociedad.

Asimismo, y en otro orden de cosas, la modificación de la ley establece un mecanismo preciso para abordar las nuevas figuras de protección surgidas al amparo de la normativa comunitaria respecto de la Red Natura 2000, figuras de protección sobrevenidas a una ley preexistente, lo que obliga a la adaptación de esta última para proceder a su articulación jurídica de manera coherente con lo establecido en la Ley de Conservación de la Naturaleza.

Finalmente, se faculta al Gobierno para la elaboración de un decreto legislativo mediante el que se refundan en un único texto normativo armonizando el contenido de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la anterior, y la presente ley.

Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994 de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

 

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 1/2010, de 11 de marzo, de modificación de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

En la actualidad, el tan manido concepto de desarrollo sostenible viene a establecer la obligatoriedad de tomar en consideración la variable medioambiental a la hora de establecer otra serie de políticas.

De esta manera, desde la perspectiva de la utilización del patrimonio natural, los principios inspiradores se centran en la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, en la incorporación del principio de precaución en las intervenciones que puedan afectar a espacios naturales y/o especies silvestres, en contribuir a impulsar procesos de mejora en la sostenibilidad del desarrollo asociados a espacios naturales protegidos, en la promoción de la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural y en la integración de los requerimientos de la conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y la biodiversidad en las políticas sectoriales.

Estas directrices, que han sido incorporadas al ordenamiento jurídico estatal por medio de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, siguen encontrando grandes incongruencias en la práctica habitual a la hora de realizar la planificación territorial en la CAPV.

Un ejemplo de ello es la situación que nos encontramos a la hora de analizar la política de implantación de las explotaciones de canteras que existen en nuestra Comunidad. Así, en el estudio preliminar encargado por el Gobierno Vasco previo a la realización de un plan territorial sectorial de canteras (recogido en su día por las propias directrices de ordenación territorial en el año 1997 y aún sin redactar) se recoge una serie de posibles propuestas de ubicación de explotaciones de estas características, de cuyo análisis podemos extraer que, de las 131 posibles ubicaciones para canteras propuestas en dicho documento, decenas de ellas coinciden con espacios naturales protegidos en los que se producirían afecciones directas.

Dichas afecciones se distribuyen de la forma siguiente:

 

11 en parques naturales.

9 en biotopos protegidos.

9 en la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

 

Cabe destacar que el propio documento propone como principales puntos de reserva de áridos calizos para su extracción las zonas calizas del Parque Natural de Urkiola (5) y la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (9), lo que generaría importantes impactos sobre dichas zonas.

Además, en este primer espacio natural mencionado, Urkiola, merece la pena profundizar por la situación peculiar que se da en una de las canteras que a día de hoy se encuentra activa, dentro de los límites del propio parque, la cantera de Zalloventa.

Dicha cantera se está explotando desde el año 1995, a pesar de que todas las autorizaciones administrativas han sido declaradas nulas, la última por sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de julio del año 2007.

Más aún, nos encontramos con que el propio plan rector de uso y gestión (PRUG) autoriza a la cantera una explotación de aproximadamente 1.500.000 Tn dentro de los propios límites del parque natural, con la excusa de garantizar una recuperación de la totalidad de la cantera.

Posteriormente a la aprobación del PRUG se ha demostrado con un proyecto técnico cuya validez es aceptada hasta por el propio Departamento de Minas del Gobierno Vasco que se puede recuperar integralmente esta cantera sin necesidad de explotación adicional y, por lo tanto, sin necesidad de una mayor afección al medio ambiente, ya de por sí muy deteriorado por los más de 30 años de explotación ininterrumpida de la cantera.

Es por ello que, recogiendo la iniciativa de los vecinos y vecinas del municipio de Mañaria, las Juntas Generales de Bizkaia aprobaron por unanimidad de los partidos asistentes una declaración para modificar el PRUG y evitar nuevas ampliaciones dentro de los límites del parque.

También el Parlamento Vasco aprobó una proposición no de ley para apoyar dicha modificación. A día de hoy, esa modificación no se ha producido.

Ejemplos como el expuesto hacen difícil creer que directrices como las al principio señaladas, que deben regir en el ordenamiento jurídico a la hora de proteger las áreas naturales que en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación merece una atención preferente (definición jurídica de parque natural), sean compatibles con que la ley permita, dentro de los límites de las áreas naturales, explotaciones extractivas de recursos naturales como las canteras, con un alto impacto sobre el entorno, no sólo por las importantísimas afecciones en el paisaje sino también por las debidas a sus específicos procesos productivos como son las voladuras, generación de enormes cantidades de polvo, ruidos, vibraciones, gran tráfico de vehículos pesados, contaminación de acuíferos y de ríos del entorno.

Es por todo lo expuesto que proponemos la siguiente modificación normativa, para establecer mediante la misma una cláusula de protección de los espacios naturales que no permita posibles vulneraciones primando intereses económicos sobre los medioambientales.

Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los/las ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 2/1997, de 14 de marzo, de modificación de la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

Razones de seguridad jurídica aconsejan establecer de manera indubitada el alcance de la disposición adicional primera de la Ley 16/1994, de 30 de junio, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco, en cuanto a la vigencia de los instrumentos jurídicos mediante los que se procedió a la declaración y regulación del Parque Natural de Gorbeia, para lo cual se considera preciso modificar tal disposición en el sentido señalado, lo que motiva el presente proyecto de Ley, corrigiéndose el texto de la misma en relación con la denominación correcta del área correspondiente.

Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco

 

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos/as de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 16/1994, de 30 de junio, de conservación de la naturaleza del País Vasco.

 

PREÁMBULO

 

La conservación de la naturaleza se ha convertido en la sociedad actual en una preocupación de los ciudadanos y de los poderes públicos. Esta inquietud, tanto a nivel local como general, tiene su fundamento en la explotación económica incontrolada de los recursos naturales, la desaparición de especies de flora y fauna y la degradación de espacios naturales en buen estado de conservación.

Es necesario armonizar un sistema de conservación de los recursos naturales, de los procesos ecológicos esenciales y de la belleza paisajística de nuestro territorio como garantía para un desarrollo integrado sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.

Esta ley pretende establecer un régimen jurídico de conservación de la naturaleza y sus recursos frente a diversas causas de degradación, compatible con un proceso de desarrollo económico y social ordenado y configurado por la integración de las distintas políticas sectoriales, para lo cual se considera necesaria una eficaz actuación de los poderes públicos, encaminada a garantizar la existencia de un medio natural bien conservado en el conjunto del territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En función del ámbito material objeto de regulación, la presente ley encuentra amparo legal en la competencia establecida en el artículo 11.1 a) del Estatuto de Autonomía para el desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y ecología, en conexión con las competencias exclusivas previstas en el artículo 10.9 y 10.10 sobre agricultura y ganadería, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. En este marco competencial, esta ley se constituye en desarrollo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, en todo lo que en la misma es considerado básico en materia de medio ambiente.

En virtud de las competencias expuestas, se desea conseguir un régimen propio de protección y conservación de los recursos naturales, fundamentalmente objetivo, actualizado y con visión de futuro que se adecue a la realidad de nuestro territorio.

El título I de la ley recoge los principios básicos y los instrumentos dirigidos al objetivo fundamental de la conservación de la naturaleza, entendida ésta como el medio en el que se desenvuelven los procesos ecológicos esenciales y los sistemas vitales básicos, garantizando el uso ordenado de los recursos naturales y su adecuada gestión por las Administraciones públicas competentes, a fin de que produzcan los mayores beneficios sin merma de su potencialidad para satisfacer necesidades y aspiraciones futuras.

El título II se dedica de forma específica al ordenamiento de los recursos naturales, lo que se realizará mediante los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, a los que la ley otorga una prevalencia sobre cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física, lo que resulta coherente con el objetivo prioritario de detener el progresivo deterioro que sobre la naturaleza ha producido la acción del hombre, favoreciendo su protección y restauración.

El título III establece el régimen especial para la protección de los espacios naturales. El territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a pesar de haber sufrido en su medio natural, como otras sociedades análogas, las consecuencias del desarrollo económico e industrial acelerado y falto de la adecuada planificación que hubiese recogido, con el grado de sensibilidad que nuestra sociedad ahora demanda, las necesarias previsiones que hubiesen evitado el importante y grave deterioro que ahora sufre, mantiene importantes espacios que, si no incólumes, sí reúnen elementos de alto valor naturalístico y paisajístico, a los que la presente ley pretende dotar de un régimen jurídico y superior a cualquier otro existente, que necesariamente se ha de subordinar al nuevo marco. No obstante, la presente ley es consciente de que una protección a ultranza, dadas las especificidades socioeconómicas de las zonas a las que se dirige, produciría en buena parte efectos contrarios a los perseguidos, máxime cuando una parte importante de dichos espacios se localizan en zonas deprimidas socio económicamente y a menudo en proceso de despoblamiento, proceso a invertir bajo la premisa básica de que la presencia del hombre perpetúa la configuración ecológica del territorio. Para ello se considera necesario implicar a los sectores sociales y económicos de forma que el ordenado aprovechamiento de los recursos naturales redunde en beneficio de las poblaciones integradas en los espacios naturales y, en definitiva, en nuestra Comunidad Autónoma. Se da respuesta a un problema de injusticia social que, como consecuencia de la mayor atención en dotación de servicios e infraestructuras en favor de los grandes núcleos urbanos e industriales, ha hecho del mundo rural el más desfavorecido de nuestra sociedad.

La política seguida en esta materia en nuestra Comunidad Autónoma hasta el presente momento no ha sido otra que la expuesta, siendo ejemplos de ello la declaración de los parques naturales de Urkiola y Valderejo y los Planes de Ordenación de Recursos Naturales.

Cabe destacar la previsión de tres tipos de regímenes de protección: parques naturales, biotopos y árboles singulares, con los que se da respuesta a las necesidades existentes en materia de espacios naturales en nuestra Comunidad Autónoma.

En esta materia, la ley consolida la asignación de competencias en favor del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco para la propuesta de las normas de declaración de espacios naturales protegidos y aprobación de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión, y en favor de los órganos forales para la gestión de los mismos. Con ello se garantiza el respeto a las competencias de los órganos forales de los territorios históricos dentro de los ámbitos establecidos en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre.

En cuanto a la planificación de los parques naturales, los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales se complementarán con los Planes Rectores de Uso y Gestión.

La ley crea la Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Autónoma Vasca, en la que se integrarán los espacios protegidos declarados como tales a tenor de la presente ley. La Red pretende representar los principales ecosistemas y formaciones naturales de la Comunidad y coordinar los sistemas generales de gestión.

El título IV establece las medidas necesarias para garantizar la conservación de las especies de la flora y la fauna silvestres, con especial atención a las especies amenazadas, para lo que se crea el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas, dependiente del Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Se regulan los recursos cinegéticos y piscícolas, prohibiéndose la captura de especies catalogadas, y se establece la necesidad de acreditar previamente la aptitud y conocimientos que reglamentariamente se determinarán para ser titular de licencias de caza. Se configura una licencia de caza y pesca habilitante para el ejercicio de estas actividades en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con independencia del órgano foral que la expida.

Los órganos forales regularán en su respectivo ámbito territorial la normativa que regule los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas, sin perjuicio de la coordinación que será ejercitada por el Departamento de Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.

Es de destacar igualmente la necesidad de que los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas en terrenos acotados sean precedidos de la existencia de un Plan Técnico de Ordenación justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar.

El título V, por último, establece el imprescindible régimen de infracciones y sanciones en lo previsto en esta ley, en el que se prevén tipos de infracción específicos, y declara aplicables las legislaciones sectoriales en materia de caza, pesca y montes.

Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de Euskadi

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

 

Es objeto de esta ley la configuración del sistema de seguridad pública de Euskadi, participado por las diferentes administraciones públicas y basado en los principios de complementariedad, cooperación, coordinación, colaboración, información recíproca y lealtad institucional.

La seguridad pública debe entenderse desde una perspectiva sistemática e integral, que articula el conjunto de disposiciones, procedimientos, medios y recursos destinados por las administraciones públicas a promover condiciones y remover obstáculos para que las personas puedan disfrutar del pleno ejercicio de sus derechos y libertades y desarrollar su vida en espacios de convivencia en paz, bienestar y cohesión social, reduciendo en la medida de lo posible los riesgos y peligros, intencionados o no, que pudieran perturbar sus derechos y libertades y su seguridad y la de sus bienes y el patrimonio colectivo.

La seguridad, así entendida, es una demanda creciente en las sociedades modernas y avanzadas, a la que la presente ley pretende dar respuesta impulsando los mecanismos que promuevan condiciones objetivas para su logro.

Esta visión de la seguridad pública focaliza las políticas públicas hacia la ciudadanía como sujeto activo destinatario de prestaciones públicas, y no, como antiguamente, exclusivamente hacia la seguridad del Estado y el mantenimiento del orden público material.

Desde esta nueva perspectiva los poderes públicos han de procurar la protección de los ciudadanos y ciudadanas, así como de las organizaciones e instituciones, frente a las amenazas a sus derechos y bienes, a su bienestar y a la prosperidad de la sociedad, ya deriven las amenazas de comportamientos intencionados ya de otros eventos no deseados.

La Comunidad Autónoma de Euskadi tiene, conforme al artículo 17 del Estatuto de Autonomía, competencias en materia de orden y seguridad públicas, y en su virtud gestiona de un modo integral, a salvo de cuestiones supra o extracomunitarias recogidas en el propio Estatuto, la seguridad pública en Euskadi.

Nuestra Comunidad Autónoma se dotó de un ordenamiento específico en materia de seguridad pública durante la última década del siglo pasado, haciendo uso de tal habilitación competencial, así como de otros títulos competenciales específicos con conexión directa con la seguridad pública en cuanto que se configuran esencialmente como actividades de policía especial en sentido clásico. Así fueron promulgándose la Ley 4/1992, de 17 de julio, de Policía del País Vasco; la Ley 1/1996, de 3 de abril, de Gestión de Emergencias; la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas; o la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre otras.

La experiencia adquirida con el transcurso del tiempo ha permitido apreciar la existencia de conexiones y sinergias entre los distintos componentes y políticas sectoriales relacionadas con la seguridad pública que era preciso poner de manifiesto, realzar y coordinar.

Por ello es preciso proceder a una reordenación de sistema normativo de la seguridad pública en Euskadi partiendo de la concepción de la seguridad pública como englobante en fines, principios básicos y ciertos elementos compartidos, de varios subsistemas.

El sistema de seguridad pública comprende los de policía y seguridad ciudadana y de emergencias y protección civil, sin perjuicio de otros ámbitos de la actuación administrativa tales como los relacionados con el tráfico y la seguridad vial, o el juego, los espectáculos y actividades recreativas, así como de la regulación de otras actividades conexas o complementarias con la seguridad pública como el sector de la seguridad privada, que se sujetan a sus respectivas regulaciones.

En este sentido, esta ley articula, dentro de un sistema común, diversos subsistemas que en nuestro ordenamiento jurídico aparecían aparentemente desconectados, bajo presupuestos normativos dispares, cuando todos ellos tenían una finalidad última y habilitante común: la seguridad pública. La presente norma tiene la pretensión de representar la cúspide o norma troncal del ordenamiento vasco en materia de seguridad pública, la norma que da cobijo al resto de leyes sectoriales llamadas a integrarse en este subsistema normativo de la seguridad pública.

 

II

 

El capítulo I del título I del proyecto regula el objeto de la ley, el concepto de sistema de seguridad pública, los servicios que engloba y las administraciones competentes y participantes en el sistema, así como los principios que orientan la formación de las políticas de seguridad pública, la actuación administrativa y las relaciones interinstitucionales.

La integración del sistema se fundamenta en unos principios de actuación comunes, la existencia de organismos de coordinación y cooperación institucionales de carácter formal y la planificación escalonada y coherente de las políticas públicas a desarrollar en materia de seguridad pública por las distintas administraciones.

La ley establece los principios de actuación comunes al conjunto del sistema de seguridad pública. Entre tales principios destaca la orientación del sistema hacia la prevención proactiva de los riesgos que pudieran amenazar el libre ejercicio de derechos y libertades de la ciudadanía y la seguridad de personas y bienes, lo cual se traduce en la planificación previa y preventiva de las acciones administrativas en esta materia.

Si bien la competencia en materia de seguridad pública reside en las instituciones comunes de la Comunidad Autónoma, en la formulación y ejecución de las políticas de seguridad participan entre otros los municipios y los territorios históricos en atención a las competencias sectoriales que pueden ostentar.

El capítulo II del título I contempla los órganos de participación y de coordinación del sistema de seguridad pública, tales como el Consejo de Seguridad Pública de Euskadi y los consejos locales de participación en la seguridad (que aseguran la participación ciudadana en la política de seguridad pública).

Tales órganos posibilitan la participación de todas las administraciones públicas, autoridades, cuerpos policiales y demás servicios públicos relacionados con la seguridad en el diseño, aplicación y evaluación de las políticas de seguridad pública.

Las funciones que asumen tales órganos se realizan sin perjuicio de las funciones y competencias de los órganos que la legislación vigente establece en los sectores de la seguridad pública y la policía, los juegos de azar, los espectáculos y actividades recreativas, las emergencias y la protección civil, el tráfico y la seguridad vial, y la seguridad privada.

La ley prevé la relación de tales órganos de participación y de los instrumentos de planificación con aquellos otros, relacionados con la seguridad pública, en materia de seguridad vial, protección civil, juego, espectáculos, violencia de género u otros similares.

La ley incorpora la participación de los ciudadanos en la solución de sus problemas de seguridad, lo que permite al propio sistema comprender mejor la naturaleza de los problemas de inseguridad sufridos por la ciudadanía, y se hace al ciudadano corresponsable en la construcción de su propia seguridad. A tal fin contribuye la creación de consejos de participación en la seguridad en el ámbito local y el redimensionamiento de la oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública.

El capítulo III del título I regula la planificación de la seguridad a nivel tanto autonómico como local. El plan general de seguridad de Euskadi integra las previsiones generales de riesgos, actuaciones y medios, incluidos los de seguridad privada, en materia de seguridad ciudadana, emergencias, seguridad vial y otras que afecten a la convivencia ciudadana y la seguridad de las personas y los bienes en Euskadi.

La eficacia del sistema de seguridad pública no depende sólo de su correcta arquitectura y su estructuración, sino igualmente de la eficiencia en el uso racional y sostenible de los recursos disponibles, del cual deriva un mayor grado de eficacia en la consecución de los resultados deseables en el entorno de la seguridad.

Para ello el capítulo IV del título I de la ley instrumenta diversos mecanismos tendentes al logro de integración, racionalización y búsqueda de la eficiencia económico-organizativa de la Administración de la Seguridad Pública. Así, se impulsa la integración de los sistemas informáticos y de comunicaciones en un sistema de coordinación único para el conjunto de los servicios del sistema de seguridad pública que permita la transmisión de datos e informaciones y la gestión y despacho de incidentes y recursos, que den soporte en tiempo real a la coordinación de los distintos recursos del sistema. En igual sentido se contempla la existencia de medios y recursos propios del conjunto del sistema, como el acceso de los ciudadanos al sistema de seguridad pública a través del teléfono único de urgencias y emergencias 1-1-2; la oficina de iniciativas ciudadanas para la mejora del sistema de seguridad pública, o la Academia Vasca de Policía y Emergencias, a la que se dedica un título específico.

Igualmente se regulan una serie de medidas destinadas a la racionalización de la contratación administrativa en el ámbito de la seguridad pública.

 

III

 

El título II aborda la creación y regulación de la Academia Vasca de Policía y Emergencias, que sucede en sus funciones a la hasta ahora Academia de Policía del País Vasco, si bien se redefinen sus funciones atendiendo al conjunto del sistema de seguridad pública.

Ello favorece la integración formativa de servicios llamados a interrelacionarse y colaborar entre sí con un mismo objetivo, de proporcionar seguridad a las personas y proteger sus bienes; al tiempo que racionaliza los costes económico-administrativos de la formación continua de los servicios de seguridad y emergencias, al permitir sinergias y aprovechamientos comunes de infraestructuras y evitar la duplicación de recursos formativos y académicos.

La nueva configuración de la academia se traduce en novedades respecto a la composición del Consejo Rector para dar cabida a todas las instituciones implicadas, así como en cuanto a la apertura de las funciones docentes a personal de otros servicios incluidos en el ámbito formativo propio de la academia.

 

IV

 

El título III regula el sistema policial o de seguridad ciudadana como parte integrante del sistema de seguridad pública, y en tal sentido configura el modelo policial de la Comunidad Autónoma y prevé los mecanismos de coordinación y cooperación de los servicios de la Policía del País Vasco, así como los de integración de las actividades complementarias a los mismos.

La regulación trata de consolidar y modernizar el modelo policial vasco, de modo que, teniendo en cuenta las demandas y necesidades de la comunidad, pueda, además de disponer de una capacidad reactiva apropiada, implementar las políticas de seguridad definidas en las instancias políticas y participativas definidas en esta ley.

El modelo policial que propugna la ley sigue las líneas básicas de la regulación precedente: existencia de un cuerpo policial autonómico, la Ertzaintza, dependiente del Gobierno Vasco, que asume la centralidad del modelo como policía general e integral, complementada por los cuerpos de Policía local dependientes de los municipios. Ambos tipos de cuerpos constituyen conjuntamente la Policía del País Vasco, sujeta a un régimen estatutario común y homogéneo, salvo algunas particularidades.

Las propuestas contenidas en esta ley parten tanto del reconocimiento de la madurez y prestigio social alcanzada por la Ertzaintza como policía integral de la Comunidad Autónoma de Euskadi, como de la ejemplaridad de la labor de las policías locales reorganizadas desde los primeros ayuntamientos democráticos.

Las policías locales vinieron a cubrir voluntariamente las demandas de seguridad de la ciudadanía frente a las insuficiencias legales o institucionales anteriores a la consolidación del modelo policial actual, dando lugar a servicios precursores que han servido de ejemplo a otras comunidades autónomas.

Pero, más allá de las atribuciones privativas o compartidas de cada servicio policial, la ley pretende sumar los esfuerzos del conjunto de los cuerpos policiales de las diversas instituciones vascas en el logro de la seguridad pública.

Para ello considera prioritario impulsar la racionalización de los servicios policiales, con estructuras y medios suficientes y adecuados para la prestación del servicio.

A tal objeto debe darse un impulso notable a la coordinación de las policías locales, con el fin de evitar que la enorme heterogeneidad de estructuras, plantillas, medios y recursos repercuta en las posibilidades de cooperación y coordinación policial.

Para ello la ley impulsa los mecanismos formales y materiales de la coordinación de las policías locales, singularmente la Comisión de Coordinación de Policías Locales, y se regulan el registro de las policías locales y los medios de acreditación profesional.

Los cuerpos de Policía local son regulados de modo unitario en conceptuación, naturaleza y atribuciones; sin embargo, ello no implica desconocer la disparidad de realidades existentes entre los cuerpos policiales en cuanto a plantillas y tareas efectivamente realizadas, que deriva de unas necesidades también diversas.

La ley atiende a tal complejidad e impulsa la existencia de una correlación homogénea entre población local y estructura profesional, que permita diferenciar, dentro de un concepto unitario de la policía local, diferentes tamaños que a la postre podrán asumir más o menos tareas en relación o cooperación con la Ertzaintza.

De este modo, y sin desdibujar el concepto unitario de la policía local, se permite estimar la capacidad que puedan aportar los grandes cuerpos de Policía local frente a otros más pequeños, habilitando que se pueda acordar la delimitación de cometidos a desarrollar de modo coordinado entre Ertzaintza y Policía local más apropiada a las peculiaridades de cada ámbito territorial.

En definitiva, si bien todos los cuerpos de Policía local tienen genéricamente unos mismos cometidos, el tamaño, experiencia, capacitación y medios pueden determinar, en el espacio de la cooperación interpolicial, un mayor o menor compromiso con las tareas propias de la policía de la seguridad.

Pero, al mismo tiempo, se pretende evitar la creación indiscriminada de cuerpos policiales con estructuras insuficientes para prestar el servicio policial permanente. Y en tal sentido se arbitran, tanto en esta ley como en la ley de modificación de la Ley de Policía del País Vasco, alternativas para los municipios que carezcan de medios para la prestación del servicio policial, que van desde la regulación de figura específicas como los vigilantes municipales con un estatuto jurídico pleno a los mecanismos de cooperación intermunicipal, pasando por la colaboración de la Ertzaintza.

En definitiva, el conjunto de medidas descritas permite compatibilizar la autonomía municipal a la hora de estructurar sus cuerpos de policía, abriendo la oportunidad a que cada municipio configure el servicio policial conforme a distintas posibilidades en función de las peculiaridades de cada situación, garantizando al tiempo las características básicas del servicio policial que lo hagan reconocible como tal.

Por último, el cierre del modelo policial requiere, además de la citada ordenación, la implementación de los mecanismos de cooperación y colaboración interpolicial a los que la ley se dedica de modo detallado, fomentando la cooperación recíproca, la coordinación dentro de las atribuciones de cada uno, o la utilización compartida de medios y recursos.

En este sentido, se regulan los instrumentos convencionales a través de los cuales Ertzaintza y policías locales podrán formalizar acuerdos que permitan la colaboración mutua con respeto a las atribuciones de cada cual, la cooperación o reparto de tareas en funciones indistintas o, en su caso, la prestación de servicios conjuntos, o incluso la delegación de tareas o servicios en los casos y con las condiciones que se prevean.

Igualmente se contemplan medidas tendentes a favorecer el empleo compartido de medios y recursos, con vistas a racionalizar los medios y recursos existentes y evitar duplicidades innecesarias.

En ese espíritu se halla también la regulación del Centro de Elaboración de Datos de la Policía del País Vasco en el capítulo III de este título, atendiendo a la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal y previendo la compartición de bases de datos y comunicación de datos entre cuerpos policiales.

 

V

 

El capítulo V del título III prevé los mecanismos de cooperación y coordinación de actividades complementarias con la seguridad.

En la actualidad, además de los servicios de policía, existen otros actores que tienen por objetivo mejorar la seguridad de la población (entre los que podemos incluir en un sentido laxo los servicios prestados por la industria de la seguridad privada).

La seguridad privada y la pública tienen sus propias fronteras y pueden responder a diferentes orientaciones y prioridades; así, la seguridad privada se focaliza más hacia la prevención de daños y pérdidas que a combatir el delito, lo cual resulta insuficiente desde la perspectiva pública, dado que no ataja las causas de los problemas. Sin embargo, no cabe, desde la comprensión de la seguridad en sentido amplio expuesta, eludir la existencia de otros actores que operan en el ámbito de la protección de personas y bienes que pueden construir sinergias positivas cara a la consecución del logro de la seguridad.

La legislación vigente sobre seguridad privada determina y constriñe el ámbito de los servicios de tal índole, los sujeta a un férreo control administrativo y los obliga a colaborar activamente con las autoridades de seguridad pública y los cuerpos policiales.

Pero la Administración de la seguridad no puede limitarse a ejercer una labor de férreo control administrativo de las actividades del sector privado de la seguridad, sino que ha de procurar la integración de su aportación en el conjunto del sistema de seguridad pública, implementando, además de las medidas de control, otras encaminadas a asegurar su colaboración efectiva.

En este sentido se crea una comisión mixta de coordinación de la seguridad privada, con el fin de facilitar el encuentro e intercambio de experiencias entre el sector de la seguridad privada y la Administración.

De igual modo se habilita al departamento competente en seguridad pública para resolver sobre el establecimiento de medidas de protección en determinados casos. Así, se le confiere capacidad para planificar y dirigir la prestación de servicios de protección a personas o entidades objeto de amenazas o persecución con el servicio público policial o mediante empresas de seguridad privada. Igualmente puede resolver sobre el establecimiento de medidas de protección en edificios e instalaciones públicas, a través de acuerdo con el titular del edificio o instalación.

Se prevé la posibilidad de obligar a los gestores de infraestructuras críticas, es decir, aquellas cuya destrucción pudiera tener un grave impacto sobre los servicios públicos esenciales, a elaborar planes de seguridad frente a ataques deliberados contra ellas, atendiendo a lo que disponga la normativa europea y estatal en la materia.

Dichos planes deben complementarse con planes de apoyo operativo elaborados por el departamento competente en seguridad pública, y coordinarse con los planes exigibles por la normativa de emergencias y protección civil y el resto de medidas de seguridad obligatorias conforme a la normativa de seguridad privada.

Se prevé que la Academia Vasca de Policía y Emergencias imparta actividades formativas dirigidas específicamente al personal que realice funciones de protección y seguridad en los edificios e instalaciones públicas y las infraestructuras críticas, así como para los servicios de protección personal que planifique y dirija el departamento competente en seguridad pública. Las empresas adjudicatarias de contratos públicos de servicios de vigilancia o seguridad convocados por la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi o los entes que componen su sector público están obligadas a prestar dicha formación a su personal.

 

VI

 

El título IV contempla el sistema vasco de atención de emergencias y protección civil, en el marco de los principios comunes plasmados en esta ley y por remisión a su normativa sectorial contemplada en la Ley 1/1996, de 3 de abril, de gestión de emergencias, y sus desarrollos reglamentarios, así como en la legislación estatal de protección civil. Y ello porque el contenido propio de las regulaciones del sistema vasco de atención de emergencias y protección civil es precisamente la planificación de la respuesta ante emergencias en los diferentes niveles institucionales de un modo escalonado, compatible e integrable.

No obstante, la presente ley aporta al sistema vasco de atención de emergencias y protección civil unos principios generales comunes a toda la seguridad pública, y se prevé la integración de la planificación de protección civil con la planificación general en materia de seguridad pública.

Por otro lado, se fijan criterios específicos de coordinación en el caso de protección de infraestructuras críticas e intervención en caso de emergencias derivadas de acciones criminales o con múltiples víctimas.

 

VII

 

El título V contiene ciertas previsiones para interrelacionar las políticas de seguridad pública con otras políticas sectoriales tales como las de tráfico y seguridad vial o las de espectáculos públicos y actividades recreativas. E igualmente en cuanto a la interrelación de las políticas de seguridad pública con la planificación territorial y urbanística.

El capítulo I prevé una serie de medidas en el ámbito de la seguridad vial, regulando por primera vez en una norma con rango de ley la Comisión de Seguridad Vial de Euskadi, que conoce los planes estratégicos y de actuación en materia de seguridad vial, para coordinar los esfuerzos de los diversos agentes implicados en la misma.

Se regula el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi y planes de actuación en materia de seguridad vial, y la posibilidad de planes de seguridad vial en el ámbito urbano atendiendo a las directrices que se fijen en el Plan Estratégico de Seguridad Vial de Euskadi.

El capítulo II prevé la posibilidad de ordenar medidas de seguridad en establecimientos públicos de espectáculos y actividades recreativas para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos, cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.

Singularmente prevé la obligación de que los espectáculos y actividades recreativas cuenten con servicio de seguridad privada cuando se celebren en locales o recintos con un aforo superior a 700 personas.

En los casos que se determinen reglamentariamente podrá disponerse la obligación de que establecimientos públicos y actividades recreativas dispongan de un servicio de admisión específico con personal adecuadamente identificado y acreditado con una habilitación apropiada. Dicho servicio de admisión podrá desempeñarse por personal de seguridad privada sólo si no está trabajando como vigilante de seguridad.

El capítulo III incorpora el deber de tomar en consideración los objetivos previstos en la planificación de la seguridad pública en la redacción de la planificación territorial y urbanística y los proyectos de grandes infraestructuras, evaluando la posible incidencia de los mismos en la seguridad ciudadana, los riesgos colectivos existentes y la seguridad vial.

Por último, el capítulo IV previene la violencia contra las mujeres por medio de la planificación y la actuación interadministrativa.

Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera

 

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, «Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera». Por consiguiente, ordeno a todos los ciudadanos de Euskadi, particulares y autoridades que la guarden hagan guardarla.

Vitoria-Gasteiz, 24 de noviembre de 1982.

El Presidente, Carlos Garaikoetxea Urriza.
 

La Constitución y el Estatuto de Autonomía confían a los poderes públicos de la Comunidad Autónoma Vasca la adopción de las medidas encaminada a asegurar el desarrollo y la normalización del uso del euskera considerando su doble dimensión de parte fundamental del Patrimonio Cultural del Pueblo Vasco y, junto con el castellano, idioma de uso oficial en el Territorio de la Comunidad Autónoma.

Se trata de reconocer al euskera como el signo más visible y objetivo de identidad de nuestra Comunidad y un instrumento de integración plena del individuo en ella a través de su conocimiento y uso.

El carácter del euskera como lengua propia del Pueblo Vasco y como lengua oficial junto con el castellano, no debe comportar, en ningún caso, menoscabo de los derechos de aquellos ciudadanos que por diversos motivos no pueden hacer uso de ella conforme a lo establecido expresamente en el número 3 del artículo 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco.

Reconocida la lengua como elemento integrador de todos los ciudadanos del País Vasco, deben incorporarse a nuestro Ordenamiento jurídico los derechos de los ciudadanos vascos en materia lingüística, particularmente el derecho a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales y la garantía de la defensa de nuestra lengua como parte esencial de un patrimonio cultural, del que el Pueblo Vasco es depositario.

A partir de los principios generales que informan la Ley, el Título preliminar reconoce el euskera como lengua propia de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el euskera y el castellano como lenguas oficiales en su ámbito territorial. En el mismo Título se proscribe la discriminación por razón de la lengua.

El Título Primero trata de los derechos de los ciudadanos y los deberes de los poderes públicos vascos en materia lingüística.

El Título Segundo regula las actuaciones de los poderes públicos. Su primer Capitulo se refiere al uso del euskera en la Administración Pública, reconociéndose el derecho al uso del euskera y del castellano en las relaciones con la Administración Autónoma. Se regula también la inscripción de documentos en los registros públicos, se establece la forma bilingüe para la publicación de las disposiciones normativas o resoluciones o actos de la Administración, así como de las notificaciones y comunicaciones. Se faculta a todo ciudadano para utilizar la lengua oficial de su elección en las relaciones con la Administración de Justicia. Se atribuye al Gobierno, Órganos Forales de los Territorios Históricos o Corporaciones Locales, la facultad de establecer la nomenclatura oficial de poblaciones y topónimos en general, de la Comunidad Autónoma. Se regula la redacción de señales e indicadores de tráfico. Se atribuye al Gobierno la facultad de regular la obtención y expedición del título de traductor jurado, así como la creación del servicio oficial de traductores. Se establece la forma bilingüe para los impresos o modelos oficiales a utilizar por los Poderes Públicos, así como en los servicios de Transporte Público con origen en el País Vasco. Se prevé la progresiva euskaldunización del personal afecto a la Administración Pública.

El Capítulo Segundo regula el uso del euskera en la enseñanza. Se reconoce el derecho de todo alumno a recibir la enseñanza en euskera, regulándose la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua oficial no elegida. Se atribuye al Gobierno la regulación de modelos lingüísticos a impartir, la adopción de medidas encaminadas a la adquisición de un conocimiento suficiente de ambas lenguas oficiales y la adecuación de los planes de estudio. En cuanto a formación del profesorado se prevé la adaptación de sus planes de estudio para conseguir su total capacitación en euskera y castellano. Se prevén también posibles exenciones de la enseñanza del euskera.

El Capítulo Tercero, regula el uso del euskera en los medios de comunicación, reconociendo el derecho a ser informado en euskera. Atribuye al Gobierno la promoción del euskera en los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma y su impulso en la RTVE, y la adopción de medidas de promoción y protección del euskera en la radiodifusión, prensa, medios de reproducción de imagen y sonido, etc.

El Capítulo Cuarto, se refiere al uso social y otros aspectos institucionales del euskera, atribuyendo al Gobierno la enseñanza y alfabetización del euskera para adultos, el fomento del uso del euskera en distintos ámbitos, y prevé la creación, por el Gobierno, de un órgano de encuentro, para coordinar la aplicación y desarrollo de esta Ley.

En el Capítulo Quinto se atribuye al Gobierno el velar por la unificación y normalización del euskera escrito oficial común.

La disposición adicional atribuye al Gobierno el establecimiento de vínculos con las instituciones o poderes que, actuando fuera de la Comunidad Autónoma, realizan actividades relacionadas con el euskera.

La disposición transitoria asegura el paso de la situación actual a otra en que la aplicación y desarrollo de esta Ley puedan ser plenos, impidiendo que exista un vacío normativo, en tanto se plasme su espíritu en otras Leyes y Reglamentos.

La Ley establece también una disposición derogatoria y una final en la que se autoriza al Gobierno al desarrollo reglamentario de la Ley.

Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales

 

 

epub

TEXTO

 

 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

 

La transexualidad no es un fenómeno actual. Existe desde muy antiguo y en diferentes culturas. El término transexual empieza a utilizarse en 1940, para denominar a las personas que sufren una disociación entre el sexo con el que nacen y el sexo al que sienten pertenecer.

Desde 1980, la transexualidad está catalogada como un trastorno mental. Aún hoy en día los manuales internacionales de enfermedades mentales DSM-IV-R y CIE-10, elaborados por la American Psychiatric Association (APA) y por la Organización Mundial de la Salud (OMS), respectivamente, la recogen y califican como «trastorno de la identidad sexual» o «desorden de la identidad de género». Como consecuencia de tal catalogación, existe un diagnóstico médico adosado a la disociación entre el sexo biológico y el género socialmente atribuido: disforia de género.

Pese a que las principales clasificaciones diagnósticas internacionales de enfermedades incluyen la disforia de género como un trastorno o enfermedad mental, es cada vez mayor el número de personas expertas e investigadoras de prestigio que considera seriamente la retirada de este tipo de etiquetados patológicos, en línea con el acuerdo del Parlamento Vasco del 30 de septiembre de 2010, en el que se instaban acciones ante la Organización Mundial de la Salud para la retirada de la clasificación de la transexualidad como enfermedad mental. Aunque no se pretenda, se constata que dan lugar a numerosas violaciones de los derechos básicos de las personas transexuales (agresiones físicas y psíquicas, exclusión, soledad, aislamiento…).

En realidad, las personas transexuales no demandan que se les atienda porque sufren una patología o un trastorno, sino por los obstáculos sociales que encuentran en el libre desarrollo de sus derechos más fundamentales y por el dolor y la angustia con que tales dificultades llenan sus vidas. De ahí que deba partirse, necesariamente, de la premisa de que la configuración del sexo de una persona va más allá de la simple apreciación visual de sus órganos genitales externos, presentes en el momento del nacimiento. Habremos de adoptar como guía, por tanto, un concepto no puramente biológico del sexo –como ya estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras una decisión adoptada por unanimidad, en dos importantes sentencias de 2002–, sino, sobre todo, psicosocial; reconociendo que imperan en la persona las características psicológicas que configuran su forma de ser y otorgando soberanía a la voluntad humana sobre cualquier otra consideración física.

En este sentido, resulta ineludible lo expuesto por los Principios de Yogyakarta, sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, presentados el 26 de marzo de 2007 a propuesta de la Comisión Internacional de Juristas y el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, en el marco de la Cuarta Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra (Suiza): «Con independencia de cualquier clasificación que afirme lo contrario, la orientación sexual y la identidad de género de una persona no son, en sí mismas, condiciones médicas y no deberán ser tratadas, curadas o suprimidas». En esta línea, justamente, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó, en julio de 2011, la resolución que aboga por poner freno a la discriminación de los seres humanos por su orientación sexual o identidad de género. La resolución pide a la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, un estudio «a fin de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra personas por su orientación sexual y su identidad de género».

Ciertamente, en los últimos años se han producido avances en la reivindicación de la despatologización de la transexualidad. En una doble vertiente. De una parte, se ha buscado la desclasificación del trastorno de los manuales de enfermedades. De otra, se ha solicitado que las personas transexuales sean reconocidas como protagonistas y sujetos activos en los tratamientos médicos que puedan requerir, ostentando capacidad y legitimidad para decidir por sí mismas, con autonomía y responsabilidad sobre sus propios cuerpos.

Junto a estas reivindicaciones, y en relación con la identidad de género, en los últimos años ha emergido, asimismo, una novedosa perspectiva socio-jurídica que reconoce la libre expresión del género de las personas como un derecho humano fundamental. Este prisma se ha materializado en diversos documentos e informes de ámbito internacional, de entre los que destacan los aludidos Principios de Yogyakarta y el informe «Derechos Humanos e Identidad de Género» de Thomas Hammarberg, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, publicado en julio de 2009. En dichos escritos se afirma que seguir considerando las identidades transexuales como enfermedades mentales u orgánicas supone una vulneración de los derechos humanos de las personas.

 

II

 

En este contexto, resulta innegable que en el Estado español se ha experimentado también una clara tendencia en pro de posicionamientos que propugnan la despatologización de la transexualidad. Así, con carácter previo, en uso de las competencias exclusivas que sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos le atribuye el artículo 149.1.8 de la Constitución Española, el 15 de marzo de 2007 el Congreso de los Diputados dio luz verde a la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Esta norma nació, no obstante, con una pretensión parcial: la de regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de la persona en el Registro Civil, cuando dicha inscripción no se corresponde con la identidad de género sentida por la persona solicitante. El texto legal contempla, asimismo, el cambio de nombre propio de la persona interesada, para que aquel no resulte discordante con el sexo reclamado. Al objeto de ampliar la limitada regulación estatal de 2007 se elabora precisamente el presente texto normativo, aplicable a toda persona transexual residente en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, del Estatuto de Autonomía del País Vasco, establece en su artículo 9.2 que los poderes públicos vascos deben velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de la ciudadanía, así como adoptar las medidas necesarias para promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean efectivas y reales, facilitando la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social del País Vasco.

Esta Comunidad Autónoma ostenta competencias, recogidas en el título I de su Estatuto de Autonomía, en diversas materias que afectan a la situación de las personas transexuales, tales como la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores (artículo 10.14); sanidad interior (artículo 18.1), y, especialmente, asistencia social (artículo 10.12). Es necesario, por tanto, hacer mención explícita, en el Derecho positivo, a la aplicación del principio de no discriminación al libre desarrollo de la personalidad humana y, en concreto, a su identidad de género, para que en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico de la Comunidad Autónoma de Euskadi nadie pueda ser discriminado por su condición de transexual.

La presente ley pretende contribuir y avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que, por razón de la condición o circunstancia personal o social de las personas transexuales, perduran en la legislación, y perfeccionar el desarrollo normativo de los principios constitucionales de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección social, económica y jurídica de la persona, la familia y el grupo, adecuando la normativa aplicable a la realidad social del momento histórico que vivimos.

 

III

 

Esta ley pretende, pues, definir la condición de transexualidad, sin cuestionar, obviamente, la exclusiva competencia estatal para la regulación, en el ámbito del Registro Civil, de los requisitos necesarios para el cambio de la marca registral del sexo y del nombre que la acompaña. En todo caso, esta ley no define cuáles son los presupuestos para el cambio registral del nombre de la persona transexual, sino que delimita dicha condición de transexual y las formas de acreditar tal circunstancia, para que los derechos que en esta ley se establecen sean efectivos en el ámbito competencial propio de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Por ello resulta un paso importante, pero insuficiente, la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, que, si bien ha permitido que las personas transexuales puedan cambiar su asignación registral del sexo y del nombre propio en el Registro Civil, facilitando así el proceso de adaptación de toda la documentación administrativa a su verdadera identidad de género, no entra a regular aspectos de suma importancia en el tratamiento integral de la transexualidad.

La complejidad de la situación de las personas transexuales requiere una atención integral que va más allá del ámbito meramente registral: la identidad de género, como parte integrante de los derechos de la personalidad, entronca con el derecho a la dignidad de la persona –entendida esta, según definición del Tribunal Constitucional español en su sentencia número 53/1985, de 11 de abril, como «un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás»–, así como con los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la integridad psicofísica, a la intimidad y a la propia imagen, entre otros. Especial mención merece en este punto la grave situación de desprotección y las difíciles condiciones de vida de las personas transexuales inmigradas, que, quedando expresamente fuera de la Ley 3/2007, seguirán sufriendo una doble discriminación al no poder acceder a la rectificación registral de la mención relativa al sexo.

No todas las personas viven su transexualidad de la misma forma. Por lo tanto, el de las personas transexuales no es un colectivo en el que se deba intervenir de una forma homogénea, como tampoco debería realizarse con ningún otro colectivo. En este sentido, esta ley es sensible a esa diversidad, y reconoce la necesidad de establecer unos criterios médicos, sociales y psicológicos individualizados y centrados en cada persona, con pleno respeto a la identidad de género de la persona transexual. Consecuentemente, la ley no sólo debe reconocer la voluntad de la persona a cambiar el sexo legal por el que es conocida, a todos los efectos, sino también la necesidad íntima de las personas transexuales, cuando así se expresa libremente, de recibir el tratamiento médico adecuado que les aproxime, en lo físico, lo máximo posible al sexo sentido. En este sentido, la atención integral a la salud de las personas transexuales incluye todo un conjunto de procedimientos definidos desde la psicología clínica colegiada, la medicina y la sexología para que la persona transexual pueda adecuar los caracteres sexuales secundarios y primarios, según cada caso, a su identidad de género, partiendo de la base de que existe una diversidad de comportamientos y respuestas entre las propias personas transexuales.

La atención a prestar no se centra ni consiste únicamente en una cirugía de reasignación de sexo, que en parte de los casos ni siquiera constituye la parte esencial del proceso global de reasignación. Debe incidir, también, en la confección de mecanismos de autoapoyo para afrontar el rechazo del entorno social y familiar o la discriminación sociolaboral; en las terapias hormonales sustitutivas para adecuar el sexo biológico a la propia identidad de género; en las intervenciones plástico-quirúrgicas necesarias, en algunos casos, sobre caracteres morfológicos de relevancia en la identificación de la persona (como el torso o la nuez, por citar algunos); y, asimismo, en la prestaciones complementarias referidas a factores como el tono y la modulación de la voz, o el vello facial, entre otros.

La reticencia de los poderes públicos a hacerse cargo de la atención integral del complejo proceso de reasignación de sexo ha incrementado, sin duda, su carácter multidisciplinar y el elenco de dificultades intrínsecas. Solo han transcurrido veinticinco años desde que fueron despenalizadas en el Código Penal las cirugías de genitales para las personas transexuales, y este dato hace especialmente necesaria la promoción de la investigación científica en el área de la transexualidad y la constante puesta al día, en el ámbito clínico, de los avances científicos y tecnológicos en los diversos tratamientos asociados a esta. Conviene recordar, en este sentido, que la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989, sobre la discriminación de las personas transexuales, no solo reconoce el derecho de cada persona a establecer los detalles de su identidad como ser humano, sino que insta a los estados miembros a establecer una serie de medidas para favorecer su desarrollo. Entre ellas cabe destacar las siguientes: la inclusión del tratamiento de cambio de sexo en el sistema nacional de salud, la concesión de prestaciones sociales a las personas transexuales que hayan perdido su trabajo o su vivienda por razón de su adaptación sexual, la creación de consultorios para transexuales, la protección financiera a las organizaciones de autoayuda, la adopción de medidas especiales para favorecer el trabajo de las personas transexuales, y el derecho al cambio de nombre y de inscripción de la marca del sexo en la partida de nacimiento y documento de identidad.

Esta ley pretende, por tanto, atender a las especificidades de este colectivo, dando respuesta, desde esa singularidad, al sentido de la igualdad que asiste a las personas transexuales a la hora de asegurar sus derechos médicos y sociales, así como los derechos de aquellas personas diagnosticadas con distintos grados de intersexualidad. Recoge, además, el espíritu del artículo 9.2 de la Constitución Española, al disponer que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de toda la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social». Por ello, esta norma autonómica pretende ser integral, precisamente porque su objetivo radica en que el colectivo de personas transexuales tenga unas condiciones de vida iguales a las del resto de la ciudadanía vasca. Para ello son necesarias no solo medidas de ámbito médico, sino también previsiones de acción positiva en el ámbito laboral, aprovechando las sinergias ya existentes. Y que, asimismo, el espacio educativo y el funcionarial sean sensibles a la diversidad que se invoca en esta ley.

 

IV

 

La ley se divide en una exposición de motivos, cinco capítulos, dos disposiciones adicionales y dos finales. El capítulo I contiene una serie de disposiciones de carácter general en las que se recogen el objeto de la ley, su ámbito de aplicación y la definición de la condición de transexual.

En el capítulo II se establecen las bases para una política pública en materia de transexualidad. Se contempla al efecto un conjunto de medidas a adoptar y desarrollar en contra de actitudes discriminatorias por razón de identidad de género; se establece un servicio de información, orientación y asesoramiento a las personas transexuales, sus familiares y personas allegadas, y, por último, se recoge la posibilidad de que las personas transexuales cuenten con documentación administrativa mientras dure el proceso de reasignación de sexo, al objeto de propiciarles una mejor integración social, evitando situaciones de sufrimiento o discriminación.

En el capítulo III se contemplan los derechos de las personas transexuales en el ámbito sanitario. Asimismo, se prevé la regulación reglamentaria de una unidad de referencia en materia de transexualidad dentro de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, integrada por personal profesional de la atención médica, de enfermería, psicológica, psicoterapéutica y sexológica. También se recoge la creación reglamentaria de una guía clínica para la atención de las personas transexuales, con el objetivo de articular el suficiente consenso profesional en los campos afectados. Por último, se hace una mención expresa a los derechos de las personas transexuales menores de edad y se establece la obligación de creación de estadísticas a través de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, sobre los resultados de los diferentes tratamientos.

El capítulo IV fija un criterio general en virtud del cual las administraciones públicas vascas, los organismos públicos a ellas adscritos y las entidades de ellas dependientes se asegurarán de no discriminar por motivos de identidad de género, y, en ese sentido, elaborarán y aplicarán planes y medidas de acción positiva adecuadas para favorecer la contratación y el empleo de personas transexuales.

El capítulo V establece un conjunto de actuaciones en materia de transexualidad y respecto a las personas transexuales en el ámbito educativo.

Ley 18/2012, de 28 de junio, de Unificación Colegial de Economistas y de Titulares Mercantiles en el País Vasco

 

epub

 

TEXTO

 

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento Vasco ha aprobado la siguiente Ley 18/2012, de 28 de junio, de Unificación Colegial de Economistas y de Titulares Mercantiles en el País Vasco.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La Ley de las Cortes Generales 30/2011, de 4 de octubre, sobre la creación del Consejo General de Economistas (unificación de las organizaciones colegiales de economistas y de titulares Mercantiles), establece que, en el momento en que se constituyan los órganos de gobierno de ese consejo general, quedarán disueltos el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

Dicha ley también establece que «los procesos de unificación de los Consejos Autonómicos de Colegios de Economistas y los de Titulares Mercantiles, así como los procesos de unificación de los Colegios de Economistas y los Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles se regirán por lo dispuesto en la legislación estatal o autonómica aplicable sobre Colegios Profesionales a la que estén sujetos». Y añade que esos colegios y consejos autonómicos «promoverán su unificación ante la Comunidad Autónoma correspondiente de acuerdo con lo previsto en la normativa autonómica aplicable» (artículo 3).

El artículo 10.22 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco atribuye a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.

En ejercicio de dicha competencia, el Parlamento Vasco aprobó la Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de Ejercicio de Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos Profesionales.

El Colegio Vasco de Economistas y los colegios oficiales de titulares mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han decidido su unificación, mediante el acuerdo adoptado por las correspondientes juntas generales de todos ellos.

En las actuaciones previas se han barajado diversas fórmulas como posibles para hacer efectiva esa unificación. De entre ellas, la de fusión parecía más adecuada para lograr el objetivo de creación de un nuevo colegio que sustituyese a los cuatro colegios que existen ahora (el actual Colegio Vasco de Economistas y los tres colegios oficiales de titulares mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava).

Pero ese nuevo colegio resultante de la unificación ha de denominarse Colegio Vasco de Economistas, en línea con la denominación adoptada para el nuevo consejo general, y, por tanto, el nuevo colegio unificado iría a tener la misma denominación que uno de los actuales colegios a sustituir, el también denominado hasta la actualidad como Colegio Vasco de Economistas, lo que supone la introducción de una cierta confusión.

Por otra parte, la diferencia entre el nuevo Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación y el Colegio Vasco de Economistas existente hasta ahora obligaba a contemplar el paso a aquel del patrimonio y personal de este. Todo ello supone un cierto grado de complejidad, innecesaria si se tiene en cuenta que han de ser identificados con la misma denominación.

A fin de evitar anomalías, y dado que la denominación del colegio resultante de la unificación coincide con la de uno de los colegios existentes hasta ahora, se ha optado por disponer el actual Colegio Vasco de Economistas para albergar en su seno la profesión de titular mercantil y a los titulares mercantiles, a fin de lograr el mismo resultado que si se hubiera previsto la creación de un nuevo colegio unificado. Todo ello, en aras de una mayor simplicidad y mejor operatividad de la unificación que se dispone.

Las disposiciones transitorias proceden a regular el sistema de unificación, y, a tal efecto, contemplan dos sistemas, uno preferente y otro subsidiario.

Ambos sistemas tienen como punto de referencia el mismo proyecto de unificación, comprensivo de diversos extremos, a que se refiere la disposición transitoria segunda.

El sistema de unificación preferente consiste en que las juntas de gobierno de los cuatro colegios afectados por la unificación, de mutuo acuerdo entre todas ellas, aprueben un reglamento provisional para la puesta en marcha, organización y funcionamiento del Colegio Vasco de Economistas resultante de la unificación, hasta la aprobación y vigencia de sus nuevos estatutos. La disposición transitoria tercera regula este sistema de unificación.

Pero la falta de esa aprobación por todas las juntas de gobierno puede dar lugar a la inaplicación de ese sistema, razón por la que debe contemplarse otro sistema de unificación, con carácter subsidiario al anterior, para el supuesto de que este no pueda regir ante la inexistencia de dicha unanimidad entre los cuatro colegios implicados. La disposición transitoria cuarta procede a regular este sistema de unificación subsidiario, y, a tal efecto, crea dos órganos específicos: la Asamblea Gestora y la Comisión Gestora.

– La Asamblea Gestora agrupa a todos los colegiados de los colegios afectados por la unificación, y se le atribuyen competencias que son propias de la Junta General de cualquier colegio, pero referidas a la unificación; de este modo, esa Asamblea Gestora viene a suplir la existencia de una junta general unificada, mientras dura el proceso de unificación, y permite que todos los colegiados de los cuatro colegios afectados puedan participar en esas decisiones.

– La Comisión Gestora tiene una composición de miembros nombrados por el actual Colegio Vasco de Economistas y por los colegios oficiales de titulares mercantiles de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, que guarda la misma proporcionalidad establecida por la Ley 30/2011 para la Comisión Gestora creada por ella en cuanto a sus miembros nombrados por la organización de economistas y por la de titulares mercantiles.

De acuerdo con todo ello, se dispone la unificación de las organizaciones colegiales profesionales de economistas y de titulares mercantiles en el País Vasco, en los términos que se expresan a continuación.