Ley 10/2013, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014

 

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TEXTO

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

 

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece en su artículo 51 las normas básicas para la regulación de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que tienen su desarrollo en el capítulo I del título II del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014 son los primeros que se elaboran tras la entrada en vigor de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. A partir de la misma, y en consonancia con la legislación estatal al respecto, se incide en la necesidad de que las finanzas públicas sean gestionadas bajo los principios de estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo económico, sostenibilidad financiera, responsabilidad y transparencia.

Estos presupuestos se integran en un marco de planificación presupuestaria plurianual 2014-2016, que desarrolla una estrategia y una senda para hacer compatible el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con la recuperación de la economía y el empleo. En este sentido, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su reunión del 31 de julio de 2013, acordó establecer un objetivo de estabilidad presupuestaria para Castilla-La Mancha, en términos de déficit estructural, para 2014 del 1 % del PIB, y volumen máximo de deuda pública del 30,6 % del PIB regional.

La consecución del equilibrio estructural en las cuentas públicas implica, en el contexto económico actual, incidir en una asignación más eficiente de los recursos públicos disponibles, a partir de una estimación prudente de los ingresos procedentes tanto del actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, como de tributos y recursos propios, fondos provenientes de la Unión Europea y otras fuentes.

Teniendo en cuenta estas previsiones de ingresos y el objetivo de déficit máximo establecido, las Cortes Regionales han aprobado un límite de gasto no financiero para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con fecha de 19 de septiembre de 2013, de 5.675,5 millones de euros.

El cumplimiento del objetivo de estabilidad, evitando incrementar la presión la fiscal, supone un esfuerzo que ha de ser compatible con la realización de políticas de incentivación e inversiones, que ayuden al crecimiento de la economía de la región a corto y medio plazo, y con la prestación de unos servicios públicos básicos de calidad.

Para ello, se articulan unas dotaciones presupuestarias destinadas a financiar una política sanitaria pública, gratuita y de calidad; una política educativa basada en la excelencia, la lucha contra el fracaso escolar y la promoción del bilingüismo; y una política de protección y asistencia social centrada en los colectivos más necesitados.

Estas políticas, que afectan directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, y que representan en torno a las dos terceras partes del total del gasto público consignado en los presupuestos, se completan con una política de inversiones dimensionada y adaptada a las necesidades de los ciudadanos, que apuesta por proyectos sostenibles a largo plazo y por la incentivación de la inversión inducida; y con una política de apoyo a las PYMES y emprendedores de la región, especialmente desde el punto de vista de sus necesidades de financiación, que incide en la promoción de sectores estratégicos, entre los que destacan la agricultura e industria agroalimentaria, como instrumento para la creación de empleo.

La Ley de Presupuestos se erige en herramienta clave para la realización de la política económica del Gobierno Regional. En la misma se marcan los principales objetivos para este ejercicio 2014, cuya consecución contribuirá a reforzar la confianza en la economía regional y, con ello, permitirá recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo.

 

II

 

El texto articulado consta de sesenta y dos artículos, distribuidos en seis títulos, que se completan en su parte final con diecinueve disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

El título I, «De la aprobación de los presupuestos y sus modificaciones», regula en su capítulo I la composición de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la aprobación de los estados de gastos e ingresos de los presupuestos de los órganos y entidades que los integran. La ampliación del ámbito de los presupuestos, incluyendo nuevas empresas y entidades instrumentales, viene determinada por la necesidad de adecuación del ámbito de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma a los criterios fijados por la Intervención General del Estado en relación con la consolidación de las cuentas del sector público, con el fin de ofrecer una imagen fiel de la situación patrimonial y económica de la Administración Pública.

El capítulo II de este título es una novedad introducida como consecuencia de que estos son los primeros presupuestos que se elaboran desde la aprobación de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre. En él se regula un «Fondo de Contingencia», que se consigna en el capítulo V del presupuesto de gastos, con la finalidad de financiar aquellas necesidades de carácter no discrecional y no previsto en el presupuesto inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

El título II, «De la ejecución y liquidación presupuestaria», contempla en el capítulo I las normas sobre distribución de competencias en orden a la autorización de los gastos, y contiene en su capítulo II una serie de reglas dirigidas a implantar una adecuada disciplina presupuestaria. También se incluyen en este capítulo determinadas normas relativas a la gestión de los créditos financiados con transferencias finalistas y se especifica el régimen de los libramientos de los créditos correspondientes a las Cortes de Castilla-La Mancha, de los créditos correspondientes a transferencias a organismos autónomos y otros entes públicos, y de las subvenciones nominativas.

El título III, «De los créditos de personal», consta de dos capítulos; el capítulo I, «Régimen retributivo», y el capítulo II, «Otras disposiciones en materia de personal». El capítulo I delimita el ámbito subjetivo de aplicación de disposiciones relativas a las retribuciones de los empleados públicos. Partiendo de una disposición general que limita el incremento de retribuciones con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013, incluye normas específicas reguladoras del régimen retributivo de los distintos colectivos. La relación funcionarial especial del personal al servicio de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha hace necesaria una regulación específica que asimismo se contempla. Ante la especial importancia que tiene la repercusión de los gastos de personal en el conjunto del presupuesto, en el capítulo II se recogen normas dirigidas a racionalizar el gasto público en materia de personal.

En el título IV, con la rúbrica «De la gestión de los Presupuestos docentes», se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, se establecen medidas dirigidas al mantenimiento del empleo en centros concertados y se establece el procedimiento para la autorización de los costes de personal de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El título V, tiene por objeto autorizar la cuantía hasta la cual el Consejo de Gobierno puede acordar la emisión de Deuda Pública y la concertación de operaciones de crédito tanto interior, como exterior. Se regula asimismo la autorización que debe emitir la Consejería con competencias en materia de hacienda para la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás organismos y entidades del sector público regional. A propósito de los avales, se fija el límite máximo, así como las condiciones en las que el Consejo de Gobierno puede autorizarlos.

Finalmente, el título VI, denominado «De las tasas y otras medidas tributarias», regula la actualización de las tasas de la Comunidad Autónoma, el tipo de gravamen del canon de aducción y del canon de depuración y establece la afectación de los ingresos obtenidos por la recaudación de los impuestos sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente.

El texto articulado se cierra con diecinueve disposiciones adicionales que se han ordenado en función de la materia a que hacen referencia para facilitar su relación con la estructura del resto del texto, evitando la dispersión de preceptos. Entre ellas, la disposición adicional decimotercera, con fundamento en el Auto 85/2013, de 23 de abril, del Tribunal Constitucional, contempla la restricción, durante los años 2014 y 2015, para conceder nuevas prolongaciones o renovaciones de la permanencia en el servicio activo a todo el personal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha no sometido a legislación laboral.

Por su parte, la disposición adicional decimocuarta contempla, en línea con la normativa establecida para la Administración General del Estado, la habilitación al Consejo de Gobierno para regular la posibilidad de que el personal funcionario pueda solicitar la reducción del importe del complemento específico al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, y así obtener el reconocimiento de compatibilidad para ejercer una actividad privada.

Las disposiciones finales contienen medidas de cierre necesarias en función de la normativa básica que pueda establecerse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014.

Ley 9/2013, de 12 de diciembre, de Acompañamiento a los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014

 

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TEXTO

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

El Tribunal Constitucional, en relación con las leyes de presupuestos, insiste en el contenido definido de las mismas, de manera que no contengan más disposiciones que las que guardan correspondencia con su función constitucional. Ello implica que no tienen cabida en la norma presupuestaria las modificaciones sustantivas del ordenamiento jurídico que no guarden una relación directa con los ingresos o gastos que forman el presupuesto. No obstante, la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha debe seguir profundizando en medidas de racionalización y eficiencia en lo que se refiere al gasto público, lo que supone adecuar el marco normativo actual a las nuevas necesidades.

Por ello, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2014 pretende completar el marco de actuación de la Administración Regional mediante la adaptación de la legislación reguladora de determinadas materias que, aun cuando no dejan de ser instrumentos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política económica fijados por el Gobierno de la Comunidad Autónoma en la norma presupuestaria, no están relacionadas directamente con el contenido propio de la misma, por lo que deben ser realizadas a través de un texto legal de tramitación separada e independiente de aquella.

La ley consta de cinco artículos, subdivididos en apartados, que se completan con dos disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una disposición final.

El artículo primero contiene la modificación de la Ley 11/2012, de 21 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para adecuarla a criterios que han sido precisados recientemente por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

El artículo segundo incluye una modificación del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre. Con la modificación propuesta, se persigue intensificar el control del gasto público, tanto en la fase previa a su realización como en las fases posteriores. Se clarifican y ordenan las distintas modalidades de procedimientos de concesión suprimiendo procedimientos excepcionales anteriormente contemplados.

Las modificaciones desde la perspectiva posterior a la ejecución del gasto, se centran en desarrollar el control financiero de la gestión económica y financiera del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Asimismo, se tiene en cuenta el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 27 de junio de 2013, que insta a las Comunidades Autónomas a adoptar las medidas normativas necesarias para incorporar la obligación de que los órganos de control interno de la gestión económico-financiera realicen anualmente actuaciones de control en las entidades no sometidas normativamente a auditoría de cuentas.

El artículo tercero contiene la modificación de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha en la que se regulan las siguientes cuestiones:

Se precisa el concepto de relación de puestos de trabajo para diferenciarlo claramente del de plantilla presupuestaria.

La modificación del permiso de paternidad contemplado en el artículo 104.1 de la ley pretende ajustar el régimen del mismo a lo establecido con carácter general en la normativa estatal. La duración de este permiso se iguala, con carácter general, a la duración de la prestación de la Seguridad Social. Partiendo de un periodo de quince días establecido como mínimo en la normativa básica del Estado, el texto incorpora supuestos en que ese periodo puede ser más amplio en consonancia con lo establecido en la normativa sobre Seguridad Social. En consonancia con esta modificación, resulta necesario derogar el artículo 43.4 de la de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, por razones de seguridad jurídica.

En otro orden de cosas, se pasa a considerar la provincia en todos los casos como unidad a efectos de elecciones a representantes del personal, por entender que es el ámbito más adecuado, en línea con la reducción de unidades electorales en el ámbito de la Administración General del Estado, operada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

El artículo cuarto contiene una modificación de la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, exceptuando de la adscripción a la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías al personal perteneciente al Organismo Pagador de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que continuará adscrito a la Consejería de Agricultura por razón de la especialidad técnica, que incide en la eficiencia en la prestación del servicio.

El artículo quinto aborda una modificación de la Ley 1/2005, de 7 de abril, de los Consejos de la Juventud de Castilla-La Mancha, que se completa en la Disposición derogatoria con la extinción del Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha, dejando sin efectos el título I, la disposición adicional primera, en lo relativo al Consejo de la Juventud de Castilla-La Mancha y la disposición adicional segunda de la citada Ley 1/2005.

El texto de la ley cuenta, asimismo, con una disposición adicional sobre suspensión del apartado 2.5 del «Plan para la conciliación de la vida familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha», con la finalidad de que este tipo de permiso sea idéntico para todos los tipos de empleados públicos, y otra disposición adicional relativa a las exenciones de rifas y tómbolas.

Las disposiciones transitorias son consecuencia de las modificaciones introducidas en el texto del articulado, y se refieren al régimen del permiso de paternidad para las situaciones que se hayan iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley, de funcionamiento de las Juntas de Personal anteriormente constituidas y situaciones de incapacidad temporal.

Ley 8/2013, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias de Castilla-La Mancha

 

 

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TEXTO

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

 

El artículo 156.1 de la Constitución Española establece que «las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles». Asimismo, el artículo 157 diseña el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, que en virtud de lo previsto en su apartado 3, se desarrolla por la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (en adelante, LOFCA).

Uno de los mecanismos integrantes de dicho sistema de financiación es el constituido por el régimen de cesión de tributos del Estado a los entes autonómicos. Dicho régimen se ha visto modificado por la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la LOFCA y complementado y desarrollado por la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. Esta última reforma se estructura en torno a varios ejes, destacando la ampliación de los porcentajes de cesión y de las competencias normativas de las Comunidades Autónomas en los tributos que son objeto de cesión parcial.

En relación con el ejercicio de las competencias atribuidas en estas disposiciones, el Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.1.12.ª recoge, entre las competencias exclusivas otorgadas a Castilla-La Mancha, la referida a la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo económico regional; el artículo 41.1 dispone que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha orientará su actuación económica al aumento de la calidad de vida de los castellano-manchegos y la solidaridad regional; el artículo 42.1 señala que la Comunidad Autónoma, con sujeción a los principios de coordinación con las Haciendas estatal y local y de solidaridad entre todos los españoles, tiene autonomía financiera de acuerdo con la Constitución, con este Estatuto y con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas; y el artículo 44 especifica que la Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye, entre otros, con los rendimientos de los tributos cedidos por el Estado a que se refiere la disposición adicional primera y de todos aquellos cuya cesión sea aprobada por las Cortes Generales.

A su vez, el artículo 2.2 de la Ley 25/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de tributos del Estado a esta Comunidad Autónoma establece que «de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150.1 de la Constitución y conforme a lo previsto en el artículo 19.2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se atribuye a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha la facultad de dictar para sí misma normas legislativas, en los casos y condiciones previstos en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.»

Por tanto, la presente ley regula y sistematiza las medidas en materia de tributos cedidos por el Estado que son directamente aplicables por los contribuyentes en las declaraciones o autoliquidaciones que deben presentar ante la Administración Tributaria, adoptadas en ejercicio de la capacidad normativa reconocida por las disposiciones anteriormente reseñadas.

En el texto legal se establecen importantes medidas tributarias que favorecen a la familia, a las personas con discapacidad y al sector empresarial de la región, sin olvidar aquellas que constituyen un estímulo a la cooperación para el desarrollo. Se aprueban nuevas medidas en materia de tributos cedidos y se recogen todas las disposiciones sobre la materia, vigentes a su fecha, en particular las contenidas en la Ley 9/2008, de 4 de diciembre, de Medidas en Materia de Tributos Cedidos, que expresamente se deroga.

 

II

 

La ley consta de 41 artículos que se estructuran en dos capítulos. El capítulo I recoge las normas sustantivas que afectan a los tributos cedidos y se divide en cuatro secciones, sucesivamente dedicadas al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a los Tributos sobre el Juego. El capítulo II contiene distintas normas para la aplicación de los mencionados tributos cedidos que ya se establecían en la anterior ley de medidas tributarias. El texto legal se cierra con una disposición adicional, una disposición derogatoria y seis finales.

En la sección 1.ª del capítulo I de la ley, dedicada al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establecen, en el marco de las competencias definidas en el artículo 46 de la Ley estatal 22/2009, de 18 de diciembre, deducciones de la cuota íntegra autonómica por nacimiento o adopción de hijos, por discapacidad de los declarantes, por donativos con fines en investigación y desarrollo científico e innovación empresarial, que ya se recogían en la anterior ley de medidas.

En esta ley, sin embargo, se amplían las deducciones por familia numerosa, por discapacidad de ascendientes o descendientes del contribuyente, para personas mayores de 75 años y por donativos para la cooperación internacional al desarrollo.

Además se establecen nuevas deducciones tributarias en el impuesto citado, por gastos en la adquisición de libros de texto y por la enseñanza de idiomas, por acogimiento familiar no remunerado de menores, por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o discapacitados y por arrendamiento de vivienda habitual de menores de 36 años.

En su mayor parte, estas deducciones quedan ligadas en su aplicación a la generación efectiva del derecho a las desgravaciones previstas por la legislación estatal del impuesto.

Por otra parte, teniendo en consideración que el Gobierno de España prevé impulsar la implantación de incentivos fiscales destinados a emprendedores y a pequeñas y medianas empresas (Pymes), como deducciones por la adquisición de acciones y participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación y por inversiones realizadas en entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil, entre otras, en la presente ley se incorpora una nueva deducción por la inversión en la adquisición de participaciones sociales en sociedades cooperativas agrarias, cuya actividad principal sea agroalimentaria, con el objeto de impulsar aquellas sociedades cooperativas que apuesten por la profesionalización e innovación y el fortalecimiento de sus balances, en aras de la consolidación de un sector estratégico en nuestra región.

Se concluye la sección con el artículo 13 que regula las normas comunes para la aplicación de las deducciones anteriormente comentadas. En el mismo, se señala expresamente el orden de aplicación de las deducciones de la sección, se homogenizan y clarifican los requisitos para establecer los niveles de renta que han de cumplir los contribuyentes para poder aplicarse las deducciones a las que se refieren los artículos 1, 2, 4, 5 y 6. En este sentido, se atenderá a la base imponible, entendiendo como tal la suma de la base imponible general y la del ahorro, estableciendo, en términos absolutos, el límite de 29.652 euros en tributación individual y de 38.652 euros en tributación conjunta, al incluirse en estos límites, la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. Con ello, se persigue la mejora de la equidad, al seguir el esquema de reducción de la base imponible, resultando que el beneficio para el contribuyente es directamente proporcional a su nivel de renta.

Se mantiene la incompatibilidad de la deducción por discapacidad del contribuyente con la correspondiente por discapacidad de ascendientes o descendientes. Y la de ambas con la destinada a personas mayores de 75 años.

En la sección 2.ª, relativa al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mantienen, en el marco de las competencias definidas en el artículo 48 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, una serie de reducciones fiscales para las adquisiciones tanto «mortis causa» como «inter vivos» de empresas y negocios familiares, así como las bonificaciones de la cuota del impuesto y, por otro lado, se potencian las reducciones por discapacidad.

En la sección 3.ª del capítulo I, se recogen las medidas aplicables al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de acuerdo con las competencias definidas en el artículo 49 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. En los artículos 19 y 21 se fijan los tipos aplicables en las modalidades de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados, conforme lo establecido en la anterior ley de medidas tributarias.

En el artículo 23 se regulan, del mismo modo, las bonificaciones tributarias aplicables a las transmisiones onerosas de explotaciones agrarias prioritarias, singulares y preferentes en cumplimiento de lo prevenido en las Leyes 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias y 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha.

Se incorpora una bonificación del 100 por ciento de la cuota del impuesto, modalidad de trasmisiones patrimoniales onerosas, para la constitución y ejecución de opción de compra en contratos de arrendamiento vinculados a determinadas operaciones de dación en pago.

Se introducen nuevas deducciones en la modalidad de Actos Jurídicos Documentados para las primeras copias de escrituras notariales que documenten la adquisición de locales de negocio, la constitución o modificación de préstamos o créditos hipotecarios destinadas a la financiación de la adquisición de locales de negocio y las que documenten la novación modificativa de los créditos hipotecarios pactada de común acuerdo entre el deudor y determinados acreedores, siempre que la modificación se refiera al tipo de interés inicialmente pactado o vigente o a la alteración del plazo del crédito o a ambas modificaciones.

Se establece, con carácter temporal, la bonificación del 50 por ciento en la cuota tributaria del impuesto, modalidad Actos Jurídicos Documentados, para las primeras copias de las escrituras que formalicen la declaración de la obra nueva de construcciones afectas a actividades económicas y que no estén destinadas a vivienda.

Por último, se cierra el capítulo I con la sección 4.ª dedicada a los Tributos sobre el Juego en el marco de las competencias definidas en el artículo 50 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre y que se divide en dos subsecciones, la primera dedicada a la Tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar y la segunda a la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias.

La regulación contenida en esta sección se actualiza y adecua a la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha para contemplar la tributación aplicable a los nuevos modelos de juegos y apuestas que se incorporan en la citada ley.

En ambas subsecciones, se regulan en artículos independientes las bases imponibles, los tipos tributarios y cuotas fijas, el devengo y pago de dichos impuestos, estableciéndose en la primera de ellas normas de gestión de la correspondiente tasa.

En la subsección primera se modifica el tipo tributario general, que pasa del 25 por ciento al 20 por ciento y se establece un tipo general del 15 por ciento para casinos de juego y establecimientos de juegos de casino, que se reduce al 10 por ciento en supuestos de creación y mantenimiento de la plantilla de trabajadores. Se incorpora en esta ley un tipo del 15 por ciento para el bingo plus y bingo americano, y se reduce el tipo del bingo electrónico, que pasa del 30 por ciento al 20 por ciento. Otra de las novedades de la ley en cuanto a la tasa fiscal sobre juegos de suerte, envite o azar es la incorporación del tipo tributario aplicable en los juegos efectuados por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos, a los que se aplica el tipo tributario del 10 por ciento. Por último, se aplica el tipo del 6 por ciento para las máquinas o aparatos de juego de los tipos B y C que estén conectadas a un sistema centralizado. Se establece el devengo semestral de la tasa, incorporando una habilitación al titular de la Consejería competente en materia de hacienda para establecer el pago mediante autoliquidación con carácter obligatorio.

En la regulación del pago de esta tasa fiscal se establece que el importe de los pagos fraccionados no podrá ser objeto de nuevos aplazamientos o fraccionamientos, ni en el período voluntario, ni en el período ejecutivo de pago. Y ello porque, si bien con carácter general, el artículo 65.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria dispone que las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente, en el apartado 2 del mismo artículo se prevén varias excepciones a la regla general que no tienen carácter de numerus clausus. En este sentido, el artículo 44 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, señala en su apartado 2 que «serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda pública, salvo las excepciones previstas en las leyes». Por tanto, esta Comunidad Autónoma en ejercicio de las competencias normativas establecidas en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, puede establecer excepciones a la regla general disponiendo que los pagos fraccionados conforme dispone el artículo 34 de esta ley, no puedan ser objeto de nuevos aplazamientos o fraccionamientos.

Por lo que se refiere a la subsección segunda que regula la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, resulta novedosa al ser incluida su regulación por vez primera en una ley de medidas. En los artículos 35 a 41, se regulan las bases, tipos, devengo y pago de la tasa. Como ocurría con la anterior tasa, también se ha tenido en consideración la irrupción de las nuevas tecnologías y el establecimiento de nuevos sistemas de comunicación interactivos, que hace necesario aprobar un nuevo marco normativo capaz de dar respuesta, de manera más flexible, a esta nueva realidad económica y social, como consecuencia del desarrollo técnico o las nuevas necesidades de entretenimiento.

En cuanto a los tipos, se establecen el 15 por ciento como general para las rifas y tómbolas, y el 5 por ciento para las de interés social o benéfico. En apuestas es el 10 por ciento sobre distintas bases definidas en el artículo 35, y para las combinaciones aleatorias, el tipo aplicable es el 10 por ciento.

Se establece la obligatoriedad en la práctica de la autoliquidación por los sujetos pasivos de la tasa.

En el capítulo II, se establecen las normas para la aplicación de los tributos cedidos, como los plazos de presentación de autoliquidaciones y documentos en adquisiciones por título de donación y en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, se regula la colaboración social de los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles y de los notarios en la aplicación de los tributos, así como se habilita a la Consejería competente en materia de hacienda para desarrollar los instrumentos jurídicos y tecnológicos necesarios para facilitar la utilización de los medios informáticos y telemáticos en la gestión tributaria, extremos que ya se incorporaban en la Ley 9/2008, de 4 de diciembre.

La disposición adicional incluye los tipos autonómicos del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos y tipo autonómico de devolución del gasóleo de uso profesional.

La disposición derogatoria incluye la ley que cesa en su vigencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria.

Se cierra la ley con seis disposiciones finales, que regulan, respectivamente, las modificaciones de la Ley 12/2002, de 27 de junio de 2002, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; la posibilidad de modificaciones que puede realizar la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; la modificación de la Ley 7/2008, de 13 de noviembre, de Regulación de Tasas en materia de Industria, Energía y Minas de Castilla-La Mancha; la modificación de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias; la modificación de la Ley 2/2013, de 25 de abril, del juego y las apuestas de Castilla-La Mancha; y la entrada en vigor de la presente ley.

Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa

 

 

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TEXTO

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

La aprobación de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, tuvo como consecuencia inmediata la modificación de la legislación española, con la finalidad de impulsar el sector servicios, favorecer el crecimiento económico y la competitividad, para lo cual es esencial la simplificación administrativa en todos sus niveles normativos y de gestión. En esta línea, el artículo 40.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible obliga a las Comunidades Autónomas a proceder a una evaluación de la existencia de razones imperiosas de interés general que justifiquen el mantenimiento de los efectos desestimatorios del silencio administrativo en los procedimientos administrativos regulados por normas anteriores a la redacción del artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, derivada de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Esa evaluación debe servir de base para impulsar la adecuación normativa oportuna.

Además de las adaptaciones de leyes sectoriales aprobadas en Castilla-La Mancha, es preciso cumplir ese mandato procediendo a revisar los procedimientos recogidos en la Ley 8/2006, de 20 de diciembre, que establece el régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias que, en su anexo I, recoge 48 procedimientos con plazo de tramitación superior a 6 meses y en el anexo II recoge 179 procedimientos cuyo sentido del silencio es desestimatorio. El Gobierno Regional asumió ese compromiso mediante la aprobación de la medida normativa 4.1.c) del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 24 de noviembre de 2011, en el cual aborda, como cambio necesario inmediato a emprender por la Administración Regional, la simplificación administrativa, para reducir las barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática, contribuyendo a la liberalización económica, el fomento de la iniciativa privada y la libre competencia.

En relación a los procedimientos de competencia normativa autonómica y dejando al margen los procedimientos gestionados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pero de competencia normativa del Estado, que se regirán por lo establecido en las normas estatales, esta ley reduce plazos y modifica el silencio administrativo en un número significativo de procedimientos, manteniendo únicamente el silencio desestimatorio en aquellos procedimientos en los que resulta justificado por razones imperiosas de interés general, adecuadas a lo dispuesto en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y que se encuentran reflejadas en la Memoria que acompaña al anteproyecto y también, sucintamente, en el anexo I. Por otra parte, autoriza a la norma reglamentaria para que siga, con la necesaria flexibilidad, el camino emprendido, imponiendo obligaciones anuales al Consejo de Gobierno en ese sentido.

Asimismo, se establece el plazo de resolución específico de un conjunto de procedimientos que carecen de plazo de resolución y a los que se ha juzgado inapropiado aplicar la regulación subsidiaria del artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Por otro lado, se establece un régimen general de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, con la finalidad de facilitar a la legislación sectorial el cambio de las técnicas de control administrativo previo a nuevas fórmulas de control «a posteriori».

Son fines de la presente ley el respeto al principio general de la consideración del silencio administrativo estimatorio como regla básica de actuación de la administración y la eliminación de las trabas en el ejercicio de las actividades económicas, reduciendo los plazos de tramitación en los procedimientos administrativos.

La ley consta de una exposición de motivos, seis artículos incluidos en tres capítulos, dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, tres disposiciones finales y dos anexos. El capítulo I titulado «disposiciones generales» comprende los artículos 1 y 2, que establecen el objeto y el ámbito de aplicación de la ley. El capítulo II, «determinación del sentido del silencio administrativo y de los plazos de resolución y notificación», comprende los artículos 3 y 4, dedicados a su determinación en los procedimientos de competencia normativa autonómica y en los procedimientos simplificados de ejercicio de la potestad sancionadora. El capítulo III, «régimen general de las declaraciones responsables y comunicaciones previas», incluye los artículos 5 y 6, que regulan los contenidos y régimen de ineficacia de las declaraciones responsables y comunicaciones previas.

La presente ley se dicta con base en las competencias exclusivas para la regulación de la organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y del procedimiento administrativo derivado de las especialidades de dicha organización, atribuidas a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los artículos 31.1.1.ª y 28.ª y 39.3 de su Estatuto de Autonomía así como, en determinados casos, en los títulos competenciales referidos a las materias sustantivas a cuyos procedimientos se refiere.

Ley 5/2013, de 17 de octubre, de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

 

 

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TEXTO

 

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

I

 

La Constitución Española consagra el Estado de Derecho en el pórtico de su articulado, disponiendo en el artículo 1 que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Reflejo de lo cual es la exigencia del sometimiento pleno de las Administraciones Públicas a la Ley y al Derecho, así como el control jurisdiccional de la actuación administrativa y el cumplimiento de los fines que la justifican, de conformidad con los artículos 103 y 106 del mismo texto constitucional.

Así, aunque el nacimiento de los cuerpos especializados de asistencia jurídica del Estado y sus instituciones data de finales del siglo XIX, es con nuestra Constitución donde cobra mayor relevancia la sujeción de la Administración al Derecho y por ende la necesidad de incrementar los controles jurídicos internos y de contar con un personal estable, experto y seleccionado de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, de conformidad con las exigencias de la función pública moderna.

Las Comunidades Autónomas, siguiendo el modelo estatal, se han dotado de servicios jurídicos propios y entre ellas, Castilla-La Mancha, creando las figuras del Gabinete Jurídico y los Servicios Jurídicos, lo cual constituyó un hito en la defensa y representación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los procedimientos judiciales, así como el asesoramiento en Derecho de la administración autonómica. Una primera regulación la encontramos en la Ley 6/1984, de 29 de diciembre, de Comparecencia en Juicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y el Decreto 128/1987, de 22 de septiembre, de organización y funciones del Gabinete Jurídico. La norma legal fue sustituida casi veinte años después, por la Ley 4/2003, de 27 de febrero de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, mientras que el reglamento ha permanecido inalterado en todo aquello en lo que no se oponga a esta última ley.

La estructura generada por estas normas diferencia entre dos formas de asistencia jurídica: un Gabinete Jurídico, integrado por el Cuerpo de Letrados, cuyas funciones incluyen la defensa y representación en juicio, así como el asesoramiento en Derecho del Consejo de Gobierno, a cuyo frente se halla una Dirección del Gabinete Jurídico, o en su caso, un letrado-jefe; en segundo lugar, los Servicios Jurídicos de las Consejerías, compuestos por funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico y dependientes de la correspondiente Secretaría General o en su caso, de Direcciones Generales, los cuales se ocupan del asesoramiento jurídico, en los estadios iniciales de la actuación administrativa, sin que se encuentren bajo un mismo órgano directivo.

Esta dualidad supone una merma en la necesaria uniformidad doctrinal en el asesoramiento mediante la emisión de informes que motivan y controlan desde el punto de vista jurídico la actuación de la administración autonómica, así como también, una fisura en la defensa jurídica de los intereses generales ante los Juzgados y Tribunales, donde la preparación de los expedientes corresponde a los Servicios Jurídicos y la defensa al Gabinete Jurídico sin que la comunicación fuera distinta a la que se mantiene con cualquier otro órgano administrativo basada en el principio de colaboración. No obstante, el trabajo de los funcionarios integrantes del Cuerpo de Letrados y de los Servicios Jurídicos ha supuesto, durante la vigencia de las normas precedentes, una labor necesaria y correcta en aras de la adecuación de la actividad administrativa autonómica al ordenamiento jurídico y la persecución de los intereses generales.

La complejidad y diversidad de los asuntos de que se ocupa la Administración Autonómica requiere una constante especialización de los abogados a su servicio y a su vez una coordinación con otras entidades ya que el aumento de litigios por la situación coyuntural de cambios en la estructura de la misma, que afectan por igual a todas las Consejerías y a los organismos autónomos vinculados a estas; la profesionalización de la asistencia jurídica que requiere una constante mejora del servicio y adecuación a los vertiginosos cambios normativos; y las exigencias de rapidez y eficacia que deben caracterizar la relación entre abogado y cliente, aunque estos se incardinen en la raíz del servicio público, hacen necesaria una renovación de la organización de los servicios jurídicos, diez años después de su última regulación.

La presente ley tiene por objeto, en virtud de los artículos 31.1.1.ª y 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que contienen las facultades autoorganizativas de la Administración Autonómica, establecer una nueva organización de los servicios jurídicos donde estos, con independencia de las distintas funciones que tienen encomendadas, constituyan una unidad de actuación al servicio de la Administración Pública y por tanto, de los intereses generales.

 

II

 

El texto normativo se compone de 17 artículos, divididos en cinco capítulos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y dos disposiciones finales.

El primer capítulo regula, con carácter general, los Servicios Jurídicos y la asistencia jurídica a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, inspirándose en la norma estatal, la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas. Se establecen funciones de asesoramiento en derecho y defensa y representación, al tiempo que se distingue entre la Dirección de los Servicios Jurídicos, el Gabinete Jurídico y las asesorías jurídicas en las Consejerías, con esta nueva denominación. La figura de la Dirección de los Servicios Jurídicos se regula como el centro superior consultivo y contencioso de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En el ámbito consultivo hay que diferenciar su denominación como centro superior consultivo que desempeña funciones de asesoramiento jurídico interno, de la más alta función que en este orden desempeña el Consejo Consultivo, el cual es el órgano superior consultivo de la Comunidad Autónoma. El Gabinete Jurídico está integrado por el Cuerpo de Letrados de Castilla-La Mancha mientras que las asesorías jurídicas en las Consejerías, se componen de funcionarios del Cuerpo Superior Jurídico. Unos y otros resultan en la concepción de la norma, fundamentales para el funcionamiento de la Administración Autonómica desde el punto de vista jurídico y sus funciones se han de ejecutar en armonía para prestar a esta el mejor servicio.

En este capítulo se contiene también la posibilidad de celebrar convenios de colaboración para representar, defender y asesorar a entidades distintas de aquellas cuyo asesoramiento jurídico se ostenta por la presente ley (fundaciones o empresas del sector público regional o cualesquiera otras entidades integrantes del mismo e incluso entidades locales).

El capítulo II se ocupa de las funciones contenciosas, siendo exclusivas de los letrados del Gabinete Jurídico, sin perjuicio de las excepciones contenidas en los artículos 2.3 y 6.2 de la norma, las cuales se establecen para casos de necesidad y en aras de evitar situaciones de indefensión.

El capítulo III delimita la labor de asesoramiento en derecho, que corresponde a los letrados, si bien las unidades de los Servicios Jurídicos, denominadas asesorías jurídicas, son las encargadas de la preparación de los proyectos de normas jurídicas y expedientes, así como de la realización de trabajos técnico jurídicos previos necesarios, sin perjuicio de la supervisión técnico jurídica que corresponde a la Dirección de los Servicios Jurídicos. Se articula el mecanismo de la elevación de consulta en aras de la necesaria uniformidad de criterio antes referida.

El capítulo IV dispone el requisito indispensable de acceso al Cuerpo de Letrados mediante un procedimiento de oposición basado en los principios de mérito y capacidad y criterios de excelencia.

Finalmente, el capítulo V regula los principios de jerarquía y colaboración, además de regular la posible situación de contraposición de intereses.

Las Disposiciones adicionales establecen previsiones habituales en este tipo de normas autonómicas como es la remisión a la normativa estatal. A continuación se establecen dos disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y dos disposiciones finales que habilitan al Consejo de Gobierno para el desarrollo reglamentario y regulan la entrada en vigor de la ley con respeto de la vacatio legis de veinte días.

Orden de 25/03/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de derogación de la Orden de 20/11/2012, sobre la Atención Sanitaria Urgente y Continuada en las Zonas Básicas de Salud

 

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La Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, creó el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), como organismo autónomo de la Consejería competente en materia de sanidad, con el fin de proveer los servicios y gestionar los centros y establecimientos destinados a la atención sanitaria que les sean asignados.

La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales es el órgano competente para la ordenación general en materia de sanidad y asuntos sociales, incluida la farmacéutica, así como para la ordenación territorial y la estructura de los servicios. Con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, y en base a criterios exclusivamente técnicos, se dictó la Orden de 20 de noviembre de 2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre la Atención Sanitaria Urgente y Continuada en las Zonas Básicas de Salud, garantizando la inmediatez y la calidad de la asistencia a la población, ante una emergencia sanitaria.

La elaboración de la Orden citada se basó en el trabajo técnico realizado por los profesionales de atención primaria y de atención especializada, así como de los profesionales de las urgencias y emergencias del Sescam, mediante el estudio de la frecuentación de los centros de urgencias, el estudio epidemiológico de cada zona básica de salud, las cronas existentes entre los diferentes dispositivos de urgencia y emergencia, terrestres y aéreos, y la coordinación de dichos dispositivos.

La organización territorial y funcional de la prestación de la atención sanitaria de urgencia pretendida por la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, como una manifestación de la potestad organizativa de la Administración sanitaria, agilizaba la asistencia urgente y emergente en las zonas básicas afectadas, mediante la ubicación de un soporte vital con personal sanitario, respondiendo a criterios de racionalidad de los recursos públicos, inmediatez y continuidad en la atención sanitaria urgente y emergente.

La entrada en vigor de la Orden se produjo el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el 14 de enero de 2013, tan sólo tres días después, mediante Auto de 17 de enero de 2013, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento ordinario 13/2013 pieza separada de medidas cautelares 3/2013, se produjo la adopción de medida cautelarísima de suspensión de la citada Orden, inaudita parte, sin intervención de la Administración autora de la norma. Presentadas alegaciones por la defensa y representación procesal de la Administración autonómica, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha comunica la necesidad de conformar en su seno la llamada "Sala de discordia" regulada en el artículo 262.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial con la finalidad de dirimir las distintas posturas sostenidas por los magistrados en relación con el mantenimiento de las medidas cautelares o el levantamiento de la suspensión impuesta con carácter provisionalísimo. Finalmente, se dictó Auto de 29 de enero de 2013 por el cual se acoge la petición subsidiaria de levantamiento de medida cautelarísima solicitada por la Administración autonómica y se acuerda mantenerla con carácter provisional respecto del Ayuntamiento demandante, Tembleque. Mediante Provi­ dencia se extiende la citada medida a otros dos Ayuntamientos recurrentes que así la habían solicitado y posteriormen­ te, se acuerda respecto de otros Ayuntamientos que también presentaron los correspondientes recursos contencioso administrativos con petición de medida cautelarísima. La Administración en desacuerdo con tal suspensión progresiva de su disposición, interpuso recurso de reposición contra los Autos de establecimiento de medidas cautelares, siendo desestimado aunque con el parecer en contra de dos magistrados manifestado en sendos votos particulares, mediante Auto de fecha 5 de marzo de 2013.

En definitiva los pronunciamientos que sobre dicha Orden se han realizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha hacen prácticamente imposible la consecución y objetivos de mejora que se pretendían obtener con la misma, objetivos que como es sabido están encomendados por el ordenamiento jurídico. Pero es que además a la vista de la constatación del escaso uso de estos recursos se obstaculiza el logro de una sanidad más eficiente, eficaz, útil, rápida, moderna, racional y efectiva.

A la vista de los anteriores acontecimientos, y en aras del cumplimiento que a la Administración corresponde del debido ejercicio de sus competencias, de conformidad con los principios de eficacia y coordinación, en relación con la prestación sanitaria de urgencia, entendida como aquella atención que se presta al paciente en los casos en que su situación clínica obliga a una atención sanitaria inmediata en centros sanitarios o fuera de ellos (domicilio del paciente y atención in situ), durante las 24 horas del día, mediante la atención médica y de enfermería, y con la colaboración de otros profesionales, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales considera necesario derogar la Orden de 20 de noviembre de 2012, sobre la Atención Sanitaria Urgente y Continuada en las Zonas Básicas de Salud, publicada el 14/1/2013, sin perjuicio de la ulterior necesidad de proceder a racionalizar la atención sanitaria urgente que se presta en las zonas básicas de salud, con el fin de optimizar la utilización de los recursos físicos, humanos y materiales, sin que por ello se comprometa la calidad de la asistencia sanitaria de la población y siempre persiguiendo el interés general y la máxima protección del bien jurídico que constituye la salud como bien constitu­ cionalmente protegido. Todo lo cual se puede llevar a cabo en el marco de nuestro sistema normativo, en concreto al amparo del artículo 12.1 de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales y 51 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha.

En virtud de la competencia atribuida por el artículo 65.1.g) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la misma y en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, con la finalidad de evitar perjuicios en la prestación del servicio de asistencia sanitaria urgente por la desarmonización del sistema global de la Comunidad Autónoma que ocasiona el mantenimiento de la suspensión de la Orden en función de las reclamaciones y decisiones judiciales y con pleno respeto y acatamiento de las mismas, dispongo: