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sábado, 18 de enero de 2014

Ley 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014

 
 

TEXTO

 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente:
 
Ley de Cantabria 9/2013, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2014.
 
PREÁMBULO
 
I
 
El artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, dispone que corresponde al Gobierno la elaboración y aplicación del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cantabria y al Parlamento su examen, enmienda, aprobación y control. Asimismo, ordena que el Presupuesto sea único, tenga carácter anual e incluya la totalidad de los gastos e ingresos de la Comunidad Autónoma de Cantabria y de los organismos y entidades dependientes de la misma. Igualmente se consignará en él el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos atribuidos a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
En consecuencia, la norma institucional básica de nuestra Comunidad Autónoma ha regulado el contenido necesario que ha de tener la Ley de Presupuestos.
Por otra parte, estos presupuestos han sido elaborados en el marco de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que ha venido a desarrollar el mandato contenido en el artículo 135 de la Constitución Española, reformado el 27 de septiembre de 2011, en el que se establecen los principios que deben regir los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Cantabria como la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional.
 
II
 
El articulado de la Ley comprende seis Títulos, con sus respectivos Capítulos, cuarenta y seis Artículos, nueve Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición Derogatoria y tres Disposiciones Finales.
Uno. La parte esencial de la Ley de Presupuestos se recoge en el Título I, Capítulo I, en el que se aprueban la totalidad de los Estados de Gastos e Ingresos del Sector Público de la Comunidad Autónoma. En el Capítulo II, se consigna el importe de los beneficios fiscales que afectan a los tributos, tanto propios como cedidos, de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Dos. El Título II de la Ley de Presupuestos, relativo a la Gestión Presupuestaria, se estructura en tres Capítulos. En su Capítulo I regula la no disponibilidad de los créditos, el carácter limitativo de los mismos, los créditos ampliables, las imputaciones de crédito y los Fondos de Compensación Interterritorial. El Capítulo II se dedica a regular las normas específicas de la gestión de los presupuestos docentes. Por último regula en su Capítulo III el régimen de presupuestación y contabilidad de los consorcios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con otras Administraciones Públicas, las compensaciones y deducciones de deudas de entidades de derecho público y aportaciones al patrimonio de fundaciones.
Tres. En el Título III, se hace referencia a las operaciones de endeudamiento de la Administración General, estableciendo el límite de incremento del saldo de la Deuda a 31 de diciembre de 2014, así como de las operaciones de endeudamiento del resto de entidades del sector público.
Cuatro. El Título IV engloba las normas relativas a las modificaciones presupuestarias y la liquidación de los presupuestos.
Se recogen, además, de manera expresa, las competencias de la Mesa del Parlamento de Cantabria en el control de la ejecución y gestión de la Sección 1 de los presentes Presupuestos.
Cinco. Las normas sobre Gastos de Personal se ubican en el Título V que se estructura, a su vez, en un Capítulo Único denominado «De los regímenes retributivos».
Tal y como ha venido sucediendo en los últimos ejercicios, el imperativo constitucional sobre estabilidad presupuestaria y las circunstancias económicas requieren, de la Administración Autonómica, dar continuidad al esfuerzo de contención del gasto en esta apartado.
En cumplimiento del mandato básico de las normas estatales, las retribuciones del personal no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013. Sin que pueda realizarse aportación a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivo que incluyan la contingencia de jubilación. No obstante, como en años anteriores, sí se prevé consignación presupuestaria para que los empleados públicos dispongan de la cobertura de seguro de vida y accidentes.
Del mismo modo, no experimentarán incremento las retribuciones percibidas por el Presidente y Vicepresidente del Gobierno, así como las de los Consejeros y de los Secretarios Generales, Directores Generales y otros Altos Cargos, ni las satisfechas al personal directivo del sector público empresarial y fundacional o las abonadas por contrato mercantil.
Dentro de la regulación de las retribuciones de los funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se mantienen las medidas de contención del gasto respecto del abono de las gratificaciones por servicios extraordinarios y productividad.
En cuanto a las retribuciones del personal al servicio de la Administración de Justicia dependiente de la Comunidad Autónoma del Cantabria, se remite a su normativa específica y a los Presupuestos Generales del Estado, y se establece que no experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2013. Igualmente se establecen normas para el personal al servicio de instituciones sanitarias del Servicio Cántabro de Salud, del personal funcionario interino, del personal eventual, del personal laboral y del personal adscrito a organismos y entidades del sector público empresarial y fundacional, los complementos personales y transitorios, el devengo de retribuciones y la jornada reducida.
En cumplimiento de las directrices que con carácter básico ha fijado el Estado, se establece el principio general de que no se procederá a la incorporación de nuevo personal durante el año 2014 a través de la Oferta de Empleo Público. Se incorpora la remisión a los criterios fijados por el Estado para el cálculo de la tasa de reposición.
No obstante, sin perjuicio de observar las limitaciones aludidas, el Gobierno de Cantabria podrá autorizar, en su caso, la convocatoria de las plazas de nuevo ingreso, en los términos regulados por el artículo 38 de la presente Ley, dentro de los sectores en que, excepcionalmente, la tasa de reposición se fija por el Estado en el diez por ciento.
En los presentes Presupuestos se mantienen las medidas limitativas del nombramiento o contratación de empleados públicos con carácter temporal, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, en los términos que señalan tanto esta Ley. Persiste el control en la ejecución de horas extraordinarias que no resulten estrictamente necesarias.
Se establecen las normas generales para la provisión de puestos de trabajo, determinando los procedimientos para la cobertura de las necesidades de recursos humanos a lo largo del ejercicio bajo los principios de atención a las mismas prioritariamente con los efectivos con los que ya cuenta la Administración y excepcionalidad de la incorporación de nuevos empleados. Todo ello bajo la supervisión de los órganos responsables en materia de empleo público y presupuestos.
Se establecen las normas para la determinación o modificación de retribuciones del personal no funcionario y laboral, los contratos de alta dirección y la prohibición de cláusulas indemnizatorias.
Seis. En el Título VI se resalta la importancia, para un mayor y mejor control del gasto, de la recepción de los contratos, convenios y encomiendas de gestión, y, en su caso, cuando se considere conveniente, la comprobación de la inversión a cargo de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Siete. Nueve disposiciones adicionales y una transitoria, contemplan diversas situaciones que, bien por su característica de excepcionalidad, bien por referirse a contingencias posibles pero no determinadas, o bien, incluso, como medida de precaución, no han tenido el oportuno tratamiento en los 46 artículos de la Ley.
Ocho. La disposición final primera modifica la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas de Cantabria, con el fin de adecuar la elaboración, gestión y control presupuestario a las normas establecidos en las medidas de estabilidad y sostenibilidad financiera.

viernes, 10 de mayo de 2013

Ley 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional

 
 

TEXTO

 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 1/2013, de 15 de abril, por la que se regula la prohibición en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria de la técnica de fractura hidráulica como técnica de investigación y extracción de gas no convencional.
PREÁMBULO
La fractura hidráulica como técnica para la extracción de gas, o fracking, plantea en la actualidad interrogantes tanto desde el punto de vista de la salud como desde la perspectiva de la protección medioambiental, fundamentalmente por la posibilidad de que, con la utilización de esta técnica, pueda producirse contaminación en los acuíferos subterráneos dada la inyección de productos tóxicos y contaminantes, que resultan necesarios para la utilización de esta técnica.
Los riesgos que puede generar la utilización de esta técnica han sido puestos de manifiesto en recientes estudios elaborados por las instituciones europeas. Así, en junio de 2011, el Parlamento Europeo publicó a instancias de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, el informe «Repercusiones de la extracción de gas y petróleo de esquisto en el medio ambiente y la salud humana», que se ha completado con el informe «Contribución a la identificación de posibles riesgos ambientales y para la salud humana derivados de las operaciones de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica en Europa» de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, publicado el 10 de agosto de 2012. En ambos informes se plantean interrogantes sobre el uso de la fractura hidráulica y ponen de manifiesto el elevado riesgo para las personas y el medio ambiente.
Aquel informe contempla el principio de precaución, aplicable a este caso, y lo relaciona con los objetivos de la Directiva 2000/60 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva Marco del Agua), encargada de velar por el buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, de evitar su deterioro y de promover su recuperación en aquellos lugares en donde ya esté dañada.
Por todo ello, en la actualidad existe una preocupación social por los riesgos que supone la puesta en marcha de la extracción de gas no convencional mediante esta técnica, y se considera por distintos sectores sociales que esta actividad puede tener perjuicios significativos para el medio ambiente y para los acuíferos subterráneos, máxime en ámbitos territoriales con las características geológicas de Cantabria.
Ante este estado de cosas en la Comunidad Autónoma de Cantabria se adopta la presente medida en orden a suspender la actividad de extracción de gas no convencional por la técnica de la fracturación hidráulica, mientras siga habiendo las dudas e incógnitas que existen en la actualidad.
La Comunidad Autónoma de Cantabria actúa dentro del ámbito de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético.

viernes, 18 de enero de 2013

Ley 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo

 
 




TEXTO

 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
 
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2.º del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 5/2012, de 11 de diciembre, de Reforma del Régimen Transitorio en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
 
PREÁMBULO
 
I
 
La Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, buscó una rápida adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico preexistentes al nuevo régimen jurídico por ella instaurado. Para ello, se estableció el plazo máximo de cuatro años para que se procediera a la adaptación del planeamiento, de forma que, transcurrido ese plazo, solo excepcionalmente se permitían las modificaciones puntuales de los instrumentos de planeamiento preexistentes.
Han pasado once años desde la entrada en vigor de esa Ley autonómica sin que el objetivo perseguido, tan necesario, se haya conseguido. Durante este tiempo se ha reformado hasta en tres ocasiones el régimen transitorio de la Ley ampliando el elenco de modificaciones puntuales que pueden llevarse a cabo hasta la adaptación del planeamiento. Sin embargo, se mantiene la prohibición de realizar con carácter general modificaciones puntuales que impiden al planificador urbanístico el ejercicio del ius variandi, con objeto de adecuar su planeamiento a las nuevas necesidades sobrevenidas.
Sin duda que, en este tiempo, las circunstancias han cambiado sustancialmente, y el legislador no puede desconocer esa realidad. Es por eso que el ordenamiento ha de ofrecer los mecanismos jurídicos adecuados para que las Administraciones Públicas, en su labor de planificación, puedan adecuar sus planeamientos a las nuevas necesidades, desbloqueando la prohibición establecida con carácter general, y permitiendo por tanto las modificaciones puntuales de planeamiento. Con ello no se renuncia al objetivo último de la necesaria adecuación de los planeamientos a la Ley, pues se mantienen ciertas cautelas o límites, pero al abrir esta vía, se ofrece la posibilidad de un ejercicio responsable de la potestad de planeamiento, permitiendo así que, desde el planeamiento, también se adopten mecanismos que coadyuven a la generación de actividad económica que constituyan un estímulo para la superación de la actual situación de crisis.
 
II
 
Por otro lado, la Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, introdujo en el ordenamiento autonómico ciertas herramientas para posibilitar la rápida adaptación de los planeamientos urbanísticos al régimen emanado del Plan de Ordenación del Litoral.
La presente ley parte del convencimiento de que las medidas entonces adoptadas eran adecuadas para la finalidad prevista. No obstante, no es lícito desconocer que la siempre compleja tramitación de los instrumentos urbanísticos, acrecentada por la sensibilidad de los ámbitos en los que se proyectan, así como la difícil coyuntura económica y sobre todo política, con unas elecciones municipales que han determinado el cambio en la composición de las corporaciones, en la que estas adaptaciones del planeamiento urbanístico se han tenido que gestar, han impedido conseguir el objetivo que se proponía aquella Ley.
El legislador no puede desconocer esa realidad, de ahí que se entienda imprescindible adoptar las medidas que se estiman adecuadas para permitir conseguir ese objetivo último que es la adaptación de los instrumentos de planeamiento urbanístico al Plan de Ordenación del Litoral.
Para ello, se suprime el plazo para llevar a cabo estas modificaciones puntuales del planeamiento, pues la limitación temporal prevista en la Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, necesaria como medida de estímulo, se revela ineficaz, habida cuenta de los motivos ya apuntados, y se estima que el superior objetivo de la adaptación del planeamiento urbanístico no puede quedar condicionado a una limitación temporal.
 
III
 
Por último, se aprovecha también esta Ley para incorporar una modificación del régimen jurídico de los proyectos singulares de interés regional, tratando de acabar con la disparidad normativa de que son objeto, y con la dicotomía de regímenes según que la actuación proyectada se ubique en un municipio litoral o fuera de él, posibilitando que, a través de ese instrumento, se lleven a cabo actuaciones de interés regional de toda índole.
También se mejora el régimen jurídico del procedimiento de concesión de autorizaciones en el ámbito de la servidumbre de protección de costas cuando se trata de autorizar obras o actuaciones en suelo urbano, cuya más adecuada ubicación sistemática no es la Ley de Cantabria 2/2004, de 27 de septiembre, del Plan de Ordenación del Litoral, que excluía su aplicación de esos ámbitos, sino la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.