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viernes, 25 de abril de 2014

Ley 2/2014, de 28 de marzo, de Centros Museísticos de Castilla y León

 
 
 

TEXTO

 
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley.

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
I
 
Los centros museísticos de la Comunidad de Castilla y León, además de constituir una parte fundamental del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, actúan como soporte vivo de la memoria y como referentes esenciales de su identidad simbólica y cultural, sin olvidar el decisivo papel que juegan, además, como precursores de las manifestaciones de vanguardia. Desde esta perspectiva, los centros museísticos resultan el espacio fundamental para la conservación, investigación, exhibición y difusión de una parte importante de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural de la Comunidad de Castilla y León.
La Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León, vino a cubrir las necesidades normativas que estos espacios requerían, al tiempo que les prestaba amparo jurídico, regulaba su actividad y funcionamiento y planteaba mecanismos de colaboración, coordinación y racionalización de recursos. El propósito de la ley era crear una infraestructura organizativa de centros y servicios museísticos que garantizase el cumplimiento de sus funciones y de su misión social y cultural.
Durante los últimos años se ha incrementado la variedad y complejidad de los centros museísticos ubicados en la Comunidad de Castilla y León. La titularidad de los centros se ha diversificado, los bienes culturales custodiados en ellos son cada vez más numerosos, y se han multiplicado los criterios de ordenación o presentación de las instituciones, a la vez que se ha producido una profunda renovación de los procesos de relación y colaboración entre ellas. Igualmente, se ha producido un cambio en los hábitos de los usuarios de los centros museísticos, en las ofertas culturales y en las formas con las que los ciudadanos acceden a la información, a lo que se unen las nuevas demandas de actividades y servicios. A estas variaciones que ha experimentado la actividad museística de la Comunidad de Castilla y León, hay que añadir, además, las derivadas de la nueva normativa que ha entrado en vigor con posterioridad a la Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León, y que debe observar, en lo que resulte de aplicación, el régimen de funcionamiento de los centros museísticos.
La concurrencia de las circunstancias que han quedado expuestas obliga a reflexionar sobre la realidad museística de la Comunidad Autónoma. Este examen ha determinado la conveniencia de que la Administración de la Comunidad de Castilla y León trace líneas que permitan avanzar en la adecuación de los centros museísticos a los intereses de los usuarios, a través del conocimiento de la potencialidad de los servicios que prestan y mediante una ordenación eficaz del variado y complejo mapa museístico existente.
Fruto de lo anteriormente expuesto se ha visto la necesidad de llevar a cabo una reforma legislativa que regule la realidad museística de la Comunidad de Castilla y León observando criterios de calidad, diversidad, complementariedad y competencia, la cual, por su contenido y de acuerdo a los principios que rigen la calidad normativa, no puede limitarse a efectuar cambios parciales, sino que exige la elaboración de un nuevo texto legal que comprenda las novedades y cambios mostrados y evite la dispersión normativa.
Por ello, en el ejercicio de la competencia exclusiva que, de conformidad con lo establecido en el artículo 70.1.31.º del Estatuto de Autonomía, ostenta la Comunidad de Castilla y León, en cultura, con especial atención a las actividades artísticas y culturales de la Comunidad y, en concreto, de conformidad con lo dispuesto en sus párrafos d) y e), y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución Española y en la normativa estatal que resulte de aplicación a los museos de su titularidad gestionados por la Comunidad Autónoma, se dicta la presente ley con la finalidad de determinar el régimen jurídico aplicable a los centros museísticos de competencia de la Comunidad de Castilla y León, así como de normalizar y coordinar pautas organizativas y estrategias participativas que permitan a los centros museísticos el cumplimiento de sus funciones y la prestación de servicios a la sociedad a partir de la implantación de criterios de calidad.
Y para conseguir los objetivos fijados, esta ley se estructura en cinco títulos, sesenta y nueve artículos, seis disposiciones adicionales, tres transitorias, una disposición derogatoria y seis finales.
 
II
 
El Título Preliminar, Disposiciones Generales, aborda el objeto y ámbito de aplicación de la ley, así como las competencias de la Comunidad de Castilla y León con relación a los centros museísticos y los principios generales que han de regir la política de promoción de la actividad museística de la Administración de la Comunidad Autónoma.
 
III
 
El Título I, Centros museísticos, ha sido dividido en cuatro capítulos. En el Capítulo I se recogen las disposiciones comunes a los centros. En este punto, hay que destacar, por su carácter poco habitual, la incorporación de una nueva categoría a las tradicionales de museo y colección museográfica, en la medida que estas no parecen suficientes para dar cabida a modelos museísticos novedosos. Esta nueva categoría, bajo la denominación de centro de interpretación del patrimonio cultural, permitirá identificar a ciertas instituciones que poseen algunas características museísticas y que a partir de ahora estarán reguladas y amparadas por una norma legal.
Igualmente, este capítulo contiene las definiciones aplicables a cada categoría de centro museístico planteadas de una nueva manera, pues se estructuran mediante una fórmula dual en contraposición a las definiciones ortodoxas existentes que combinaban ambas partes.
Esta dualidad conceptual precisa, por un lado, los requisitos mínimos que los centros museísticos deben cumplir, lo cual permite garantizar objetivos de política cultural como la promoción de una identidad común o la protección de la diversidad cultural actual y pasada del territorio castellano y leonés, y asegurar objetivos de política social, como los destinados a aumentar el bienestar de los ciudadanos en tanto que usuarios de los servicios prestados por los centros museísticos, sobre todo en lo relativo a la accesibilidad física e informativa. Por otro lado, se especifica la misión atribuida a cada categoría de centro museístico, donde se determinan los fines propios que les impulsan y se les asigna de manera particular el desempeño de una serie de funciones.
Así, la consideración de un centro museístico en una u otra categoría, o la posibilidad de cambiar ésta, se realiza a efectos administrativos y teniendo en cuenta los requisitos que cumple, así como la misión y funciones que asume, además de los servicios que presta. Todo ello debe quedar garantizado por los titulares de los centros museísticos, cuya consideración también se recoge en el texto.
El Capítulo II, Centros dependientes de la Comunidad de Castilla y León, aborda la definición de centro museístico dependiente de la Comunidad Autónoma y señala el procedimiento a seguir para la creación y supresión de centros museísticos de su titularidad.
En el Capítulo III, denominado Centros museísticos autorizados, se incluyen las disposiciones relativas a la creación de centros museísticos que no sean titularidad de la Comunidad de Castilla y León. El articulado somete la creación de estos al régimen jurídico de autorización administrativa, en orden a salvaguardar la conservación del patrimonio cultural y los objetivos de política cultural y social. De este modo, la ley juzga imprescindible este régimen autorizador, puesto que la realización de controles a posteriori, dirigidos a comprobar posibles carencias en los centros museísticos, no podría en ningún caso asegurar la protección de los bienes custodiados. La existencia de presentaciones museísticas no sometidas a control previo, la interacción entre los bienes culturales que custodian los museos y el visitante, o la custodia del patrimonio cultural en espacios de exposición o reserva inadecuados, pueden suponer situaciones de inseguridad y la existencia de factores de riesgo con la suficiente trascendencia como para que la Comunidad Autónoma aplique este régimen de autorización que se demuestra, por tanto, fundamental y necesario e indudablemente proporcional. Este régimen de autorización no es aplicable a los centros museísticos de titularidad y gestión estatal ni interfiere en las competencias de la Administración del Estado en materia museística.
Igualmente, este capítulo relaciona los deberes que se asignan a los titulares de los centros museísticos autorizados y prevé el régimen aplicable en los supuestos en los que se alteren las condiciones acreditadas para el cumplimiento de los requisitos de los centros museísticos, así como la contingencia de una posible disolución de un centro museístico autorizado.
Por último, el Capítulo IV crea el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León, como registro público de carácter administrativo en el que se inscribirán todos los centros museísticos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley y que servirá como instrumento de control, difusión y promoción de éstos.
 
IV
 
El Título II, Gestión de los Centros Museísticos, se estructura en cuatro capítulos. En el Capítulo I, denominado Planeamiento museístico, se detalla la planificación museística que han de respetar los centros, a través de la definición de los planes museológicos y de los programas de viabilidad, de seguridad y de accesibilidad, así como de los programas anuales de actividades y de la memoria de gestión.
En el Capítulo II, Organización y personal de los centros museísticos, se prevé que la organización de los centros museísticos garantice el cumplimiento de su misión y funciones y, en particular, para los museos se disponen criterios de organización a través del establecimiento de tres áreas básicas de trabajo. Por otro lado, se determinan las funciones que corresponden, en todo caso, a los directores o administradores y la necesidad de que los centros museísticos cuenten con personal técnico o cualificado como garantía para cumplir la misión que dichos centros tienen encomendada.
El régimen de visita pública, que se aborda en el Capítulo III, versa sobre el régimen de acceso a los centros museísticos, y contempla el horario de apertura de éstos. Asimismo, se prevé la posibilidad de percibir derechos económicos por la visita pública y por la prestación de servicios complementarios de atención al público, y se establece un régimen de gratuidad aplicable a la visita pública en determinado días para los centros museísticos integrados en la Red Museística de Castilla y León. Se completa el régimen de la visita pública en este capítulo regulando las condiciones de ésta y el acceso para la investigación y el estudio de los bienes culturales que custodian los centros museísticos y de sus instrumentos documentales.
En el Capitulo IV, que se denomina Dotación de medios materiales y presupuestarios, se fijan las pautas a seguir por parte de los titulares para la financiación de los centros museísticos y se plantea la posibilidad de que puedan ser declaradas de interés social para la expropiación forzosa la instalación o ampliación de los centros museísticos integrados en la Red Museística de Castilla y León. Además, en este marco se regula la aceptación de bienes culturales como medio de pago de tasas, tributos u otros ingresos de derecho público no tributarios. Finalmente, se contempla y regula la perspectiva de que los centros museísticos dispongan de espacios destinados a servicios complementarios y de que puedan desarrollar actividades ajenas a su programación.
 
V
 
El Título III, Gestión de los bienes culturales, se compone de tres capítulos. El primero de ellos se centra en la Colección Museística de Castilla y León, formada por los bienes culturales cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Castilla y León que se encuentran asignados a los centros museísticos dependientes de la misma y por la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
El Capítulo II, Fondos, determina la existencia de un sistema de gestión documental y de los correspondientes instrumentos documentales. Asimismo, se plantean normas básicas de seguridad y conservación de los fondos, el régimen relativo al movimiento de los mismos cuando pertenezcan a la Colección Museística de Castilla y León y las condiciones que deben observarse para la obtención de imágenes y para la realización de reproducciones y copias de los fondos.
El Capítulo III, Medidas de protección, establece diversas medidas encaminadas a garantizar la conservación física de los fondos de los centros museísticos y la integridad de sus colecciones, como presupuestos necesarios para que los bienes culturales custodiados en estos centros puedan servir para el cumplimiento de la misión de interés general que se les asigna en la ley. Se regula para ello un conjunto de técnicas de actuación que incluye posibles limitaciones de acceso por razones de seguridad, así como por motivos de conservación de los fondos y de los inmuebles donde se custodian, un procedimiento para la adopción de medidas obligatorias de protección, cuyo incumplimiento puede dar lugar a su ejecución subsidiaria, la expropiación forzosa de los bienes culturales afectados por peligro de deterioro, pérdida o destrucción, a causa del incumplimiento por los titulares de los centros museísticos de las obligaciones de conservación, mantenimiento y custodia y, asimismo, los derechos de tanteo, retracto y adquisición preferente que la Administración podrá ejercer en el caso de enajenación de bienes integrantes de las colecciones de los centros museísticos.
 
VI
 
El Título IV denominado Organización museística, se configura desde una triple base. Así, en primer lugar, regula la Red Museística de Castilla y León, la cual articula la organización de los centros museísticos, órganos, recursos y servicios destinados a la ordenación, cooperación y aprovechamiento de sus medios, con el objetivo de mejorar la eficacia de sus actuaciones, así como el cumplimiento de las funciones museísticas que tienen encomendadas. Los antiguos modelos organizativos de la Ley 10/1994, de 8 de julio, basados en dependencias jerárquicas, se abandonan en aras de una mayor modernización y una mejor explotación de las posibilidades individuales. De este modo, y sobre la base de relaciones equivalentes, se establecen vínculos destinados a catalizar los elementos más destacados de cada centro museístico, sin intervenir en la autonomía de gestión de cada uno de ellos. Igualmente se determina la composición de la Red Museística de Castilla y León, a la vez que se indica el procedimiento de integración en la misma y los efectos derivados de dicha integración.
En segundo lugar, se materializa la conversión de los centros museísticos dependientes de la Comunidad de Castilla y León en Centros Museísticos Cabecera de Red, con el objeto de cubrir, dentro de su ámbito territorial o temático, funciones de coordinación y asistencia técnica en materia museística. Esta condición puede ser ampliable a otros centros museísticos.
Por último, este título se refiere a la Junta de Valoración y Adquisición de Bienes Culturales como órgano consultivo y asesor de la Administración General e Institucional de la Comunidad Autónoma, y en relación con ella adecua su composición a la realidad actual mediante la creación, en su seno, de un comité de adquisiciones para casos de urgencia o de especial interés.
 
VII
 
En el Título V, Régimen inspector y sancionador, se recogen los aspectos relacionados con la actividad inspectora y con el régimen sancionador en materia de centros museísticos. Este está compuesto por el Capítulo I, Inspección, y por el Capítulo II, Régimen sancionador, que, a su vez, se divide en tres secciones: Sección 1.ª Infracciones administrativas; Sección 2.ª Sanciones administrativas; y Sección 3.ª Procedimiento sancionador y competencia.
 
VIII
 
La disposición adicional primera trata sobre la inscripción de los centros museísticos dependientes de la Comunidad de Castilla y León en el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León.
La disposición adicional segunda determina el régimen aplicable a los centros museísticos integrados en el Sistema de Museos de Castilla y León en virtud de la Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León. A tales efectos, establece que se considerarán autorizados a la entrada en vigor de esta ley y, en consecuencia, se incluirán en el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León. Respecto a la pertenencia de estos centros a la Red Museística de Castilla y León, se condiciona a que sus titulares manifiesten expresamente dicha voluntad.
La disposición adicional tercera aborda el régimen de centros museísticos financiados mayoritariamente por la Comunidad Autónoma.
La disposición adicional cuarta se centra en la aplicación de la ley a los centros museísticos titularidad de confesiones religiosas.
La disposición adicional quinta prevé los efectos que producirán la anotación e inclusión de los fondos en los Libros de registro e Inventario de los centros museísticos dependientes de la Comunidad de Castilla y León, en relación con el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad.
La disposición adicional sexta configura la Colección de Arte Contemporáneo de Castilla y León y remite al desarrollo reglamentario la determinación de la conservación, inventario y custodia de los bienes que la componen.
Las disposiciones transitorias primera y segunda determinan, respectivamente, un régimen transitorio aplicable a los museos y a las colecciones museográficas, no dependientes de la Comunidad de Castilla y León, y en función de que estén reconocidos o no de conformidad con lo establecido en la Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León.
La disposición transitoria tercera se refiere a la aplicación transitoria de la ley a los procedimientos sancionadores.
La disposición derogatoria deroga todas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en la presente ley y, en particular, la Ley 10/1994, de 8 de julio, de Museos de Castilla y León.
La disposición final primera determina que será de aplicación a los centros museísticos lo dispuesto en la legislación general reguladora del patrimonio histórico y cultural en lo no previsto en la presente ley.
La disposición final segunda establece el plazo en el que se creará el Directorio de Centros Museísticos de Castilla y León.
La disposición final tercera concreta el plazo en el que se elaborará el Inventario de bienes que constituyen la Colección Museística de Castilla y León, a partir de los datos incluidos en los correspondientes registros e inventarios de los museos dependientes de la Comunidad.
La disposición final cuarta prevé la creación de un premio en el ámbito de la actividad museística de Castilla y León.
La disposición final quinta faculta a la Junta de Castilla y León y al titular de la Consejería competente en materia de cultura para dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y aplicación de la ley.
Concluye la parte final, con la disposición final sexta, la cual articula la entrada en vigor de esta ley.

viernes, 4 de abril de 2014

Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León

 
 

TEXTO

 
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
 
LEY
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
I
 
El sector agrario de Castilla y León ha sufrido una profunda transformación como respuesta a las nuevas necesidades y retos a los que ha tenido que enfrentarse en los últimos años y como resultado de un continuo e intenso proceso de innovación y desarrollo tecnológico. En Castilla y León constituye la principal actividad económica en la mayor parte de las zonas rurales.
Por su parte, el medio rural también se ha adaptado a esta transformación socioeconómica, que le ha conferido un carácter multifuncional. Así, además de ser el medio donde se lleva a cabo la producción de alimentos y materias primas, alberga gran parte del patrimonio natural y cultural de Castilla y León. Este patrimonio, que se mantiene con la referencia constante de las actividades propias del medio rural, se ha desarrollado a lo largo de la intensa historia de esta Comunidad, y la actividad agraria debe seguir esforzándose por compatibilizar sus prácticas con el respeto a la normativa sobre patrimonio natural y cultural. Por otro lado, a día de hoy, una amplia mayoría de los habitantes de nuestra Comunidad reside en áreas rurales.
Desde un punto de vista económico, y teniendo en cuenta que Castilla y León presenta la estructura propia de una economía avanzada, el sector agrario sigue desempeñando un papel relevante en el desarrollo de la Comunidad, con una productividad significativamente superior a la de España. De tal forma que si se compara con el resto de España y la Unión Europea, su porcentaje de participación en el Valor Añadido Bruto regional duplica al porcentaje medio que aporta en España y casi cuadriplica el porcentaje que supone en la Unión Europea.
La pérdida de activos en el sector durante el presente siglo, con ser importante, se ha mantenido en la media nacional. Es necesario, por tanto, mejorar la dotación de servicios en el medio rural y su diversificación económica para favorecer la atracción de inversiones, emprendedores y residentes, hacia los pueblos de la Comunidad.
Respecto al peso del sector agrario de Castilla y León en el conjunto de España, la Comunidad ocupa las primeras posiciones a nivel nacional, en cultivos tan destacados como los cereales, la remolacha azucarera, la patata o la superficie de viñedo acogida a una figura de calidad. De igual forma, en el sector ganadero la Comunidad se encuentra en los primeros puestos en censo de ganado vacuno, en censo de ganado porcino –muy destacadamente en el porcino ibérico–, en censo de ganado ovino y en producción de leche de vaca y oveja.
También resulta indiscutible el papel fundamental que desempeña la industria agroalimentaria en el desarrollo de nuestra Comunidad, al ocupar una posición muy destacada en el sector industrial regional, tanto en lo referente a cifra de negocios y aportación al Valor Añadido Bruto de la industria manufacturera, como en términos de empleo.
Este liderazgo regional también tiene su reflejo en el ámbito nacional, tanto en términos de cifra de negocio global como en los distintos subsectores. De hecho, un rasgo definitorio del perfil de la industria agroalimentaria regional es el elevado grado de especialización, que está directamente vinculado con las principales producciones agrícolas y ganaderas de la Comunidad, destacando el sector cárnico, los productos de alimentación animal, las industrias lácteas, los vinos, y el sector de panadería y bollería y galletas. Se trata de una industria que ha apostado por la calidad diferenciada de sus productos, que pone en valor las figuras de calidad agroalimentaria reconocidas en Castilla y León.
Asimismo, el sector agrario y la industria agroalimentaria desarrollan actividades fuertemente vinculadas al territorio, lo que les confiere el carácter de motor de actividad económica en los núcleos rurales y un factor fundamental para fijar su población. Pero además, son dos sectores estrechamente vinculados entre sí, puesto que el agroalimentario es el responsable de transformar y comercializar las materias primas y dotarlas de un mayor valor añadido. El incremento de estas sinergias y la integración entre ambos sectores potencian la transformación en la Comunidad de una parte cada vez mayor de las materias primas que aquí se producen, la generación de más valor añadido y la creación de mayor número de empleos.
Desde el ingreso de España en la Unión Europea, la política de desarrollo rural y su metodología de aplicación han sido herramientas fundamentales tanto para la mejora de la competitividad del sector agrario y agroalimentario, como para la diversificación de la actividad económica y mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales. Por ello, es necesario establecer los objetivos que deben dirigir la política de desarrollo rural y su planificación estratégica.
En este contexto, esta ley se sustenta en dos premisas fundamentales: por una parte, en el carácter estratégico que poseen el sector agrario y la industria agroalimentaria para la economía regional y, por otra, en el reconocimiento de la importancia que tiene la actividad agraria en el desarrollo socioeconómico y ambiental de esta Comunidad.
Este desarrollo se atendrá a los siguientes principios rectores de las políticas públicas establecidos en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía más relacionados con su objetivo: el crecimiento económico sostenible orientado a la cohesión social y territorial y el pleno aprovechamiento de los recursos de la Comunidad; la creación de empleo estable y de calidad; el desarrollo de la actividad empresarial, con especial atención a la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores autónomos, y el fomento y promoción de las iniciativas de economía social, especialmente el cooperativismo; la promoción y el fomento de la investigación científico-técnica, y la innovación tecnológica; la proyección exterior de las empresas de Castilla y León; la lucha contra la despoblación; la modernización y el desarrollo integral de las zonas rurales; e, igualmente, el apoyo a los sectores agrícola, ganadero y agroalimentario de la Comunidad, mediante el desarrollo tecnológico y biotecnológico, con el fin de mejorar la competitividad de los mismos.
Sobre estas bases y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Estatuto de Autonomía a la Comunidad en las reglas 13.ª, 14.ª y 15.ª del artículo 70.1, en materia de desarrollo rural, en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, de acuerdo con la ordenación general de la economía, y en materia de denominaciones de origen y otras protecciones de calidad relativas a productos de Castilla y León, así como en la organización de los consejos reguladores y entidades de naturaleza equivalente, se dicta la presente ley.
 
II
 
El sector agrario de Castilla y León ha demostrado su capacidad de adaptación a las distintas situaciones económicas y políticas agrarias a través de su reestructuración, la innovación y el desarrollo tecnológico han propiciado la modernización de las explotaciones y una mayor profesionalización del sector. Sin embargo, la actividad agraria de Castilla y León presenta rasgos de debilidad que deben ser corregidos para asegurar el adecuado desarrollo de nuestra Comunidad. En este ejercicio, no puede olvidarse que se trata de un sector estrechamente vinculado a la industria agroalimentaria, por lo que cualquier actuación sobre el mismo debe abarcarse desde un ámbito más global, que incluya también la producción agroalimentaria, con especial consideración a la producción de calidad diferenciada.
En consecuencia, esta ley nace de la necesidad de dotar a la actividad agraria y agroalimentaria de un respaldo que permita dar respuesta a los nuevos desafíos que se presentan en un mundo y una sociedad cada vez más globales y liberalizados, como son la adaptación a los distintos marcos de la Política Agrícola Común, la exigencia de una gestión sostenible de los recursos naturales, las presiones de otras actividades o actuaciones sobre el suelo agrario, los desequilibrios en la distribución de la cadena de valor y la necesidad de establecer una regulación de la calidad diferenciada de productos agroalimentarios.
Además, esta norma también busca agrupar en un solo cuerpo normativo, en la mayor medida posible, el conjunto disperso de disposiciones autonómicas con rango de ley que son necesarias para un adecuado desarrollo de la actividad y producción agraria, la regulación de la calidad diferenciada y la comercialización de productos agroalimentarios, estableciendo así mismo un sistema de participación, interlocución y consulta en el ámbito agrario y agroalimentario, partiendo siempre del pleno respeto al reparto competencial que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía.
En este contexto, esta ley establece un marco general regulador de la actividad agraria y agroalimentaria en Castilla y León, con los objetivos de mejorar la competitividad del sector agrario; estimular la creación de explotaciones agrarias, empresas agrarias y empresas agroalimentarias; fomentar la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria; mejorar la distribución justa y eficiente de costes y beneficios en la cadena de valor de los productos agrarios y agroalimentarios; impulsar el desarrollo de la investigación e innovación en el sector agrario y la industria de transformación de materias primas de la agricultura y ganadería; fomentar la incorporación de jóvenes al sector agrario; favorecer la incorporación, igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y el reconocimiento y la promoción de la participación de la mujer en el sector agrario; fomentar la producción agraria de calidad diferenciada; favorecer la vinculación entre el sector agrario productor y la industria agroalimentaria; y preservar el equilibrio ambiental de las zonas rurales de la Comunidad.
El Libro Primero establece unas actuaciones transversales básicas para el futuro de los sectores agrario y agroalimentario, como son la incorporación de jóvenes, el reconocimiento y fomento del papel de la mujer y la investigación, el desarrollo y la innovación. La incorporación de jóvenes tanto a la actividad agraria como a otras actividades económicas de las zonas rurales está estrechamente vinculada al futuro de estos sectores y del medio rural de la Comunidad, por lo que es necesario establecer las directrices generales y las actuaciones concretas que guiarán la política de la Administración de la Comunidad en esta materia. De igual forma, con el fin de avanzar hacia una mayor incorporación de la mujer, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y el reconocimiento y la promoción de la participación de la mujer en la actividad económica de las zonas rurales, se considera conveniente establecer las actuaciones que se deben llevar a cabo en esta materia, tanto en el ámbito agrario como no agrario. A su vez, las actuaciones en investigación, desarrollo e innovación también deben tratarse con carácter transversal por estar estrechamente vinculadas a la mejora de la competitividad de los sectores agrario y agroalimentario. Y lo mismo debe decirse respecto del desarrollo rural.
El Libro Segundo de esta ley responde a la necesidad de instaurar un marco básico que establezca las condiciones de la producción agraria en Castilla y León y para ello se regula tanto la unidad técnico-económica de producción, constituida por la explotación agraria, como aquellas infraestructuras o proyectos agrarios que afectan a estas explotaciones y que, en consecuencia, condicionan el entorno estructural y medioambiental en el que la actividad agraria tiene lugar.
En este sentido, en primer lugar, es objetivo prioritario promover el desarrollo de unas explotaciones agrícolas y ganaderas con una estructura y dimensión adecuadas. Sólo en este contexto será posible, tanto desde el punto de vista económico como técnico, mejorar la competitividad de las explotaciones existentes, estimular la creación de nuevas explotaciones, fomentar el rejuvenecimiento del capital humano, con especial atención a la incorporación de jóvenes y mujeres a la actividad agraria, introducir técnicas y procesos innovadores y posibilitar que estas explotaciones se adapten de una forma rápida a las nuevas demandas del mercado y de la sociedad.
Para cumplir estos objetivos se considera necesario establecer las directrices y las actuaciones prioritarias que van a regir las actuaciones de la Administración de la Comunidad en su política de apoyo a las explotaciones agrarias. Además, se crea el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, como herramienta fundamental de la Administración de la Comunidad para disponer de información homogénea, unificada y actual que facilite la toma de decisiones y la gestión de las actuaciones destinadas al sector agrario.
Sin duda alguna, las infraestructuras agrarias constituyen un elemento fundamental para conseguir la mejora de la competitividad del sector. En consecuencia, es prioritario adaptar las actuaciones de la Administración de la Comunidad a la situación y necesidades actuales, por lo cual es necesario avanzar respecto a lo establecido en la normativa vigente en esta materia, incorporando los principios de celeridad y eficacia que deben regir todas las actuaciones de la Administración Pública. En lo referente al proceso de concentración parcelaria, se deroga la Ley 14/1990, de 28 de noviembre, de Concentración Parcelaria de Castilla y León, con el fin de establecer un procedimiento más racional y rápido, cuyas fases se adapten a las nuevas situaciones de la estructura de la propiedad e incorporen las experiencias adquiridas.
De igual forma, se abordan nuevas fórmulas que permitan una mayor participación del sector privado en la financiación y en la explotación de infraestructuras agrarias, dado que la actual coyuntura económica ha afectado de una manera significativa a los recursos financieros de las Administraciones Públicas. En la misma línea de lograr una mayor participación económica de las aportaciones privadas en las infraestructuras agrarias, esta ley permite establecer contribuciones especiales para que aquellos que directamente resulten beneficiados de infraestructuras agrarias puedan contribuir a la financiación de las mismas.
Una de las figuras que se ha querido incluir en el articulado de la ley, y cuya utilización debe ser potenciada en el ámbito agrario y del desarrollo rural, es la de los Planes y Proyectos Regionales regulados en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Se quiere potenciar la aprobación de este tipo de planes y proyectos, de manera que se facilite su puesta en marcha, se logre una mayor simplificación de trámites y se garantice la optimización de las inversiones dirigidas a la modernización del sector agrario y el impulso del desarrollo rural. Para ello se crea una nueva figura denominada Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario, que se conciben como un instrumento de ordenación del territorio que regula las actividades agrarias sobre el conjunto o partes de la Comunidad Autónoma.
También en materia de explotaciones agrarias se crea el Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León, configurado como un registro administrativo de carácter público con la finalidad de crear una plataforma que informe y facilite el contacto entre los propietarios de parcelas agrícolas, cultivadas y cultivables, y aquellos que pretendan ejercer la actividad agraria sobre las mismas, lo que permitirá poner en valor las tierras infrautilizadas, asegurar la continuidad de las explotaciones agrarias y promover la incorporación de los jóvenes al sector agrario.
La situación y las necesidades actuales hacen necesario derogar la Ley 1/1999, de 4 de febrero, de Ordenación de los Recursos Agropecuarios Locales y de la Tasa por Aprovechamiento de los Pastos, Hierbas y Rastrojeras y establecer una nueva regulación para los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local.
Finalmente, se dedica un título a la protección y lucha contra las plagas agrícolas y epizootias. La necesidad de ese título se debe a dos razones, por un lado a que el diseño y ejecución de la política en materia de sanidad vegetal o de la cabaña ganadera debe abordarse desde una perspectiva regional y nacional, y por otro, porque el estado sanitario de la producción agrícola o ganadera incide directamente en la competitividad de las explotaciones, tanto por los costes que acarrea como por las limitaciones que conlleva en materia de comercialización de la producción.
El Libro Tercero se dedica a la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y a la comercialización de la producción agraria.
El fomento de la calidad diferenciada de la producción agroalimentaria constituye uno de los principales objetivos de este libro, pues la calidad y la diferenciación constituyen herramientas imprescindibles e insustituibles para alcanzar una mejor posición competitiva que permita hacer frente a los nuevos retos del futuro. Un primer paso para el cumplimiento de este objetivo consiste en definir la Figura de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios en Castilla y León. Una vez definida esta figura, es necesario establecer un sistema claro de reconocimiento y control y gestión de la misma, a la vez que se agrupa, en la medida de lo posible, en una misma norma jurídica toda la normativa comunitaria, nacional o regional al respecto. Además, por la singularidad e importancia de la Marca de Garantía «Tierra de Sabor» en la producción agroalimentaria de Castilla y León, se constituye un capítulo específico para la misma.
En materia de comercialización de productos agroalimentarios, esta ley pretende establecer todos los instrumentos normativos al alcance de la Administración de la Comunidad para mejorar el equilibrio en la distribución de beneficios de la cadena de valor de dichos productos. Para ello, se establece por primera vez en la Comunidad una norma aplicable a los mercados de productos agrarios en origen dirigido a facilitar y fomentar las operaciones de compra y venta de productos agrarios, garantizar la transparencia en la formación de los precios y en la información sobre los mismos, concentrar la oferta y la demanda y fomentar la calidad de las producciones agrarias.
Otra de las novedades que incorpora la ley en este ámbito responde a la necesidad de crear mecanismos alternativos más ágiles y eficaces para la resolución de los conflictos que puedan producirse en la interpretación y ejecución de los contratos agrarios. Al igual que en otros ámbitos sociales y económicos, las opciones del arbitraje y de la mediación como medios de resolución de conflictos suponen una solución innovadora que, al evitar el empleo de las fórmulas judiciales, ofrecen una respuesta en un menor plazo de tiempo y con un coste muy reducido.
Finalmente, dirigido también a lograr una distribución justa y eficiente de costes y beneficios en la cadena de valor, se crea la figura del Defensor de la cadena alimentaria y se establece la posibilidad de la creación de organizaciones interprofesionales agroalimentarias cuyo ámbito sea la Comunidad de Castilla y León.
El Libro Cuarto está dirigido a fomentar y regular la participación de los agentes del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León en el diseño y ejecución de la política agraria y agroalimentaria que se lleva a cabo por la Administración de la Comunidad. Para ello se establecen los siguientes órganos colegiados de carácter consultivo: el Consejo Agrario de Castilla y León, los Consejos Agrarios Provinciales, el Comité Asesor Agroalimentario de Castilla y León, el Comité de Cooperativismo Agrario y las Mesas Sectoriales.
Por último, el Libro Quinto regula el «Régimen sancionador» aplicable a importantes materias reguladas en la ley, como son las explotaciones agrarias, en este supuesto con especial incidencia en las infracciones cometidas con respecto al Registro de Explotaciones Agrarias, la concentración parcelaria, la calidad diferenciada de productos agroalimentarios, la comercialización agraria y la ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario. Como novedad más significativa puede destacarse el tratamiento común para el conjunto de materias mencionadas, con respecto a las facultades de inspección, las obligaciones de los interesados, los órganos competentes para incoar el expediente sancionador o el régimen de prescripción de infracciones y sanciones.
 
III
 
La Ley Agraria se estructura en cinco libros, una disposición adicional, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales.
El Libro Primero, «Disposiciones generales y actuaciones transversales», se estructura en dos títulos. En el primero se establecen los objetivos de la ley, su ámbito de actuación y diversas definiciones de interés. En el segundo título se establecen las actuaciones transversales relacionadas con el rejuvenecimiento de nuestro sector, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la política en materia de investigación, desarrollo e innovación agraria y agroalimentaria, y el desarrollo rural.
El Libro Segundo, «Condiciones de la producción agraria», se articula en siete títulos.
En su Título I, «La actuación pública en la explotación agraria», se disponen las directrices que rigen la política de la Administración de la Comunidad en materia de explotaciones agrarias y las actuaciones prioritarias que van a desarrollarse, y se establecen las obligaciones del titular de una explotación agraria. Se crea el Registro de las Explotaciones Agrarias de Castilla y León, que se configura como un servicio administrativo y gratuito donde deben estar inscritas todas las explotaciones agrarias de Castilla y León. Así mismo, se establece un catálogo de buenas condiciones agrarias que todos los titulares de explotaciones deberán conocer y respetar previamente a la puesta en marcha de cualquier actividad agraria y durante el ejercicio de la misma.
El Título II, «La concentración parcelaria», regula el proceso de la concentración, contemplando su finalidad, su tipología, las normas orgánicas del proceso, las fases del procedimiento, la financiación y la ejecución forzosa. Recoge la regulación tanto del procedimiento ordinario como del abreviado, y contempla los requisitos y características propias de las concentraciones parcelarias de iniciativa privada.
El Título III, «Las infraestructuras agrarias», establece las normas generales que afectan a la clasificación, titularidad, ejecución y explotación de las mismas. Contempla a su vez los requisitos y características de sus posibles fuentes de financiación, incluida la financiación privada, recogiendo la posible colaboración entre administraciones públicas, así como regulando de forma novedosa las contribuciones especiales en materia de infraestructuras agrarias, para lo cual se definen, entre otros conceptos, el hecho imponible, el sujeto pasivo, la base imponible, el devengo y la imposición.
El Título IV, «Planes de Ordenación de Zonas de Especial Interés Agrario», establece estas figuras como instrumentos de ordenación del territorio, por lo cual se regulan por lo dispuesto en la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de Castilla y León.
El Título V, «El Fondo de Tierras Disponibles de Castilla y León», crea el Fondo, determina su finalidad, la forma de incorporación de las parcelas agrarias al mismo, así como su sistema de gestión.
El Título VI, «Régimen de ordenación de los recursos agropecuarios y otras materias de interés colectivo agrario en el ámbito local», establece una nueva regulación en esta materia y para ello define la figura y funciones de las Juntas Agrarias Locales y ordena el aprovechamiento de los recursos agropecuarios locales, abordando para ello tanto su gestión técnica como económica.
Finalmente, el Título VII, «Protección y lucha contra plagas agrícolas y epizootias», establece los objetivos estratégicos de la protección y la lucha, sus principios orientadores y la forma de actuación en esta materia.
El Libro Tercero, «La calidad diferenciada de la producción agroalimentaria y la comercialización de la producción agraria», se divide en dos títulos.
El Título I, «La calidad diferenciada de la producción agroalimentaria», establece las Figuras de Calidad Diferenciada de Productos Agroalimentarios, los objetivos en materia de fomento y promoción de la Administración de la Comunidad, el procedimiento de reconocimiento de estas figuras y el sistema de control de las mismas. Regula los órganos de gestión definiendo su naturaleza, régimen jurídico, funciones y financiación.
Esta norma también establece el sistema de reconocimiento de los consejos reguladores, así como su naturaleza, régimen jurídico, fines y funciones. Contempla a su vez los extremos relativos a su estructura y composición, el régimen de mayorías a considerar en la toma de decisiones, así como sus posibles recursos de financiación.
También se establecen disposiciones específicas aplicables a las marcas de calidad alimentaria y a la marca de garantía «Tierra de Sabor».
En el Título II, «La comercialización de la producción agraria», se define la figura de mercados de productos agrarios en origen, sus finalidades, y se crea el Registro de Mercados de Productos Agrarios de Castilla y León y de Mesas de Precios de Castilla y León.
También en este título se establecen las actuaciones de la Administración de la Comunidad en materia de promoción del cooperativismo agrario y se definen los requisitos que deben cumplir las organizaciones interprofesionales agroalimentarias que se constituyan en la Comunidad Autónoma, su procedimiento de reconocimiento y del sistema de extensión de la norma acordada en el seno de una organización interprofesional al conjunto total de productores y operadores del sector productivo en Castilla y León.
Respecto al arbitraje y mediación en la cadena agroalimentaria, se establecen las actuaciones de la Administración de la Comunidad en esta materia y se crea la Junta de Arbitraje y Mediación para los contratos agrarios, como órgano colegiado con funciones de arbitraje y mediación dirigidos a resolver las cuestiones litigiosas en materia de contratos agrarios. De igual manera, se crea la figura del Defensor de la cadena alimentaria, al que se le atribuyen las funciones de estudio, observación, vigilancia y propuesta en lo relacionado con el equilibrio entre los diferentes agentes que intervienen en la cadena.
El Libro Cuarto, «La participación, la interlocución y los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario», se estructura en dos títulos.
En su Título I, «La participación e interlocución del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria», se designa y reconoce a las organizaciones profesionales agrarias como cauce formal de interlocución y participación del sector agrario en la planificación y desarrollo de la política agraria. También se regula la representatividad de las mismas.
El Título II, «Los órganos consultivos en el ámbito agrario y agroalimentario», determina los órganos consultivos en materia agraria y agroalimentaria, su naturaleza, composición y funciones.
Por último, el Libro Quinto regula el «Régimen Sancionador». Se estructura en seis capítulos, el primero referido a las disposiciones comunes y los cinco restantes recogen el régimen de infracciones y sanciones relativo a las materias contenidas en esta ley.

miércoles, 29 de enero de 2014

Ley 12/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014

 
 

TEXTO

 
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2014 se elaboran en el marco de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León, con respeto al principio de estabilidad presupuestaria recogido en el artículo 135 de la Constitución, y desarrollado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Este principio determina que la elaboración de estos presupuestos se ajuste al objetivo de déficit para el año 2014 fijado en el 1 % del PIB.
En la presente ley se recogen los estados de ingresos y de gastos que financiarán las diferentes políticas que corresponde ejecutar al gobierno de la Comunidad, priorizando en la asignación de los recursos los servicios esenciales, tales como educación, sanidad, servicios sociales y empleo.
Por otra parte, se incorporan a la ley las normas de gestión financiera y presupuestaria imprescindibles para la correcta ejecución de los estados de ingresos y gastos.

Ley 11/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico

 
 
 

TEXTO

 
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley.
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
El artículo 135 de la Constitución consagra como principio básico de actuación de todas las Administraciones Públicas la consecución de la estabilidad presupuestaria.
La Comunidad de Castilla y León, consciente de la grave situación económica, ha adoptado en los últimos años diferentes medidas tendentes a la consecución de los objetivos de déficit y de consolidación fiscal.
Las medidas establecidas en la presente ley contribuyen al cumplimiento de esos objetivos y a los compromisos asumidos por la Comunidad de Castilla y León en el Plan Económico-Financiero de Castilla y León 2012-2014.
La presente ley responde, por una parte, a la necesidad de procurar, mediante normas que afectan a ingresos y gastos, una eficaz consecución de los objetivos que han de perseguir los presupuestos generales de la Comunidad de Castilla y León para el año 2014, y por otra, a la necesidad de introducir algunas modificaciones urgentes en la legislación de la Comunidad con el objeto de cumplir los compromisos que directa o indirectamente han de incidir en la actividad económica pública.
La ley tiene dos partes diferenciadas a las que responden los dos títulos en que está organizado su texto, y contiene además dos disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria y once disposiciones finales cuyo contenido es el siguiente:
I. El título I contiene normas tributarias que afectan a los ingresos de la Comunidad que pueden preverse a partir del 1 de enero de 2014, en el ejercicio de las competencias exclusivas sobre ordenación de la Hacienda que ostenta la Comunidad en virtud del artículo 70.1.3º del Estatuto de Autonomía, lo que posteriormente se desarrolla en el artículo 86 de la misma norma.
El capítulo I del título I introduce determinadas modificaciones en el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de septiembre.
Se modifica la normativa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como los tributos sobre el Juego, con los objetivos de fomentar el emprendimiento, la investigación, el desarrollo y la innovación y el empleo.
En el capítulo II del título I se recogen las siguientes modificaciones de la Ley 12/2001, de 20 de diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León: se incluye un nuevo apartado en las cuotas de la tasa en materia de juego relativo a los establecimientos para la práctica de las apuestas; se elimina la mención al Impuesto sobre el Valor Añadido en la tasa por la inserción de anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León; se refunden la tasa en materia de radiodifusión sonora y la tasa en materia de televisión digital terrenal en una única tasa en materia de servicios de comunicación audiovisual; se adapta a la legislación vigente la denominación del registro en la tasa en materia de transporte por carretera; se amplía la exención de la tasa por la prestación de servicios veterinarios a los sujetos pasivos que obtengan mediante tramitación telemática la documentación necesaria para el transporte y circulación de animales; se reordenan algunos apartados de las cuotas de la tasa en materia forestal y de vías pecuarias; en relación con las tasas en materia de caza y de pesca se aclara el hecho imponible y el régimen de exenciones y bonificaciones; se adapta a la legislación vigente en materia de residuos y suelos contaminados determinados aspectos de la tasa en materia de protección ambiental; se reordena la tasa por servicios sanitarios; se modifica el régimen de exenciones de la tasa por expedición de títulos y realización de pruebas en enseñanzas no universitarias para adaptarla a la normativa estatal sobre integración social de discapacitados y sobre protección de víctimas del terrorismo; se reordenan diversos apartados de la cuota de la tasa en materia de industria y energía y de la tasa en materia de minas para ajustar la regulación existente a los cambios normativos producidos en esas materias; en relación a las tasas por servicios farmacéuticos, se adaptan al régimen de inspección de los laboratorios farmacéuticos; se modifica la denominación y las cuotas de la tasa en materia de certificación energética de edificios para adaptarlas a la normativa básica; finalmente se aclara el régimen jurídico de aprobación de los precios públicos por visitas a museos y lugares equiparables.
II. El título II, en el ejercicio de las competencias exclusivas de organización, régimen y funcionamiento y de creación y gestión de un sector público, que ostenta la Comunidad de Castilla y León, en virtud de los artículos 70.1, 2.º y 18.º, del Estatuto de Autonomía, establece un conjunto de medidas de reestructuración del sector público autonómico con el objetivo de cumplir tanto los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como las obligaciones de la Comunidad de Castilla y León asumidas en el Plan Económico-Financiero 2012-2014.
La necesidad de cumplir ambos objetivos demanda que se adopten una serie de medidas de carácter general que agilicen la reestructuración de las entidades de la Administración Institucional y de las empresas públicas del sector público autonómico. A ello responde el capítulo I en el que se vienen a recoger, como principios generales de la reestructuración y reordenación, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y los compromisos asumidos por la Comunidad de Castilla y León de reducción del déficit y de consolidación fiscal. Entre las disposiciones generales, se establece, para el cumplimiento de los tan citados objetivos, un régimen concreto de modificación y extinción de las entidades de la Administración Institucional y de las empresas públicas.
El capítulo II contiene medidas específicas de reordenación de determinadas entidades integrantes de la Administración Institucional y de determinadas empresas públicas.
Se contempla la extinción del organismo autónomo, Instituto de la Juventud de Castilla y León, y se autoriza la extinción por cesión global de activos y pasivos de la empresa pública «ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, S.A.», a la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, ente público de derecho privado.
Consecuencia de esto último, se modifican los fines del citado ente público de derecho privado y se precisa el régimen patrimonial propio de aplicación al ejercicio de las actividades económicas de promoción de suelo industrial, actuación sujeta al derecho privado.
La actual situación de recursos públicos disponibles, unido a la necesidad de utilizar el sector público para fomentar la actividad económica con el fin de favorecer la creación o el mantenimiento del empleo en un sector tan afectado por la crisis como la construcción y actividades accesorias, hacen necesario modificar el objeto social de la empresa pública «Castilla y León Sociedad Patrimonial, S.A.». Por otro lado, se precisan las posibilidades de actuación de la referida empresa pública en su condición de medio propio a los ámbitos incluidos dentro de su objeto social.
Por último, con el objeto de permitir una mejor utilización de los recursos existentes, se modifican las Leyes 2/1995, de 6 de abril, de creación de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León.
III. La disposición adicional primera establece el régimen de tarifas aplicable a los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria transfronteriza, en virtud del artículo 74 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
La disposición adicional segunda se refiere a la denominación del Fondo de Cooperación Local-Ordenación territorial.
La disposición adicional tercera regula los contratos temporales en los centros y estructuras de investigación propios de la Comunidad.
La disposición adicional cuarta suspende hasta el 31 de diciembre de 2014 el cómputo de los plazos señalados en los artículos 227 y 232 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
IV. La disposición transitoria viene a determinar las normas transitorias en cuanto al régimen retributivo afectado por la extinción del Instituto de la Juventud de Castilla y León.
V. La disposición derogatoria contiene la cláusula genérica de derogación de normas de igual o inferior rango.
VI. La disposición final primera recoge las modificaciones en el texto refundido de las normas vigentes sobre aportaciones económicas distintas a las subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2009, de 18 de junio.
La disposición final segunda recoge las modificaciones parciales a la Ley 4/1998, de 24 de junio, reguladora del juego y de las apuestas de Castilla y León.
La disposición final tercera modifica la Ley 13/2001, de 20 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de la Comunidad de Castilla y León con el objeto de adaptar el régimen de infracciones a la normativa básica estatal.
La disposición final cuarta viene a adaptar el artículo 35 de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de Medidas Financieras a las funciones de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León.
La disposición final quinta modifica la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de la Hacienda y del Sector Público de la Comunidad de Castilla y León.
La disposición final sexta recoge diversas modificaciones a la Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.
La disposición final séptima viene a modificar la Ley 8/2010, de 30 de agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, con el objeto de reconocer la condición de autoridad pública a determinados profesionales de los centros sanitarios.
La disposición final octava modifica la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, con el fin de mejorar la proporcionalidad en el régimen sancionador.
La disposición final novena modifica parcialmente la Ley 7/2012, de 24 de octubre, de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria, en cumplimiento del Acuerdo adoptado el 13 de junio por la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado.
La disposición final décima autoriza a la Junta de Castilla y León a aprobar un Texto refundido de las normas legales vigentes que regulan la renta garantizada de ciudadanía.
La disposición final undécima recoge las habilitaciones normativas necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en el título II de la presente ley.
La disposición final duodécima modifica la Ley 11/2006, de 26 de octubre, del Patrimonio de la Comunidad, con el fin de regular aquellos supuestos en los que, en las enajenaciones por subasta, la primera de estas queda desierta.
La disposición final decimotercera prevé la entrada en vigor de la ley el 1 de enero de 2014.

miércoles, 15 de enero de 2014

Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda

 
 
 

TEXTO

 
Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente ley.
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
 
I
 
El artículo 47 de la Constitución Española declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho.
La Comunidad de Castilla y León tiene atribuida competencia exclusiva en materia de vivienda, conforme al artículo 70.1.6.º del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. En su ejercicio se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, que establece los objetivos que han de guiar la política de vivienda de las administraciones públicas en orden a hacer efectivo el derecho constitucional citado, entre los que destacan la protección de los ciudadanos en la adquisición y arrendamiento de viviendas y la garantía de acceso a las viviendas de protección pública en condiciones de igualdad.
Pocos años más tarde, la grave situación que atraviesan muchas personas, familias y empresas está poniendo en peligro la consecución de los citados objetivos, lo que se evidencia en episodios de aguda insatisfacción social. Todo ello exige una respuesta activa y solidaria de la sociedad, en nuestro caso representada por la Administración de la Comunidad, en apoyo de las personas y familias más perjudicadas, de forma que se garantice al menos su más básico alojamiento.
El camino ha sido abierto por la Administración del Estado mediante el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, junto con la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, y la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas.
Todo ello debe ser apoyado y completado por la Administración de la Comunidad en el ámbito de sus competencias en materia de vivienda, mediante una amplia batería de medidas que comparten el objetivo común de contribuir a la superación de las consecuencias de la situación económica y social que atraviesa nuestra Comunidad. Se trata no solo de medidas coyunturales de apoyo a las personas y familias más necesitadas, sino también de sentar las bases para que la deseada recuperación se sustente sobre fundamentos sólidos que garanticen su éxito en el largo plazo.
Esta Ley se complementa con la aprobación de un decreto por el que se regula el programa de fomento del alquiler; en tal sentido, ya en la Ley del derecho a la vivienda se había previsto un programa de fomento del alquiler, a partir de la experiencia de la Administración de la Comunidad concretada en la gestión de la «Bolsa de Alquiler para Jóvenes» y de la «Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler» regulada por el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre.
Estos instrumentos pioneros deben ser reorientados sin demora en la presente coyuntura, en la cual el apoyo sin matices a cualquier forma de alquiler, sin dejar de ser recomendable como cualquier política de fomento, debe ceder el protagonismo a la intermediación en los segmentos más desasistidos por la iniciativa privada: tanto del lado de la oferta, donde numerosos inmuebles están teniendo una complicada salida al mercado de venta a causa de su situación y características, como del lado de la demanda, teniendo en cuenta el vertiginoso aumento cuantitativo de los sectores sociales incapaces de afrontar rentas desproporcionadas a sus escasos ingresos.
Entrando ya en el contenido de esta Ley, la misma articula, como se anuncia en el capítulo primero, un conjunto de medidas de carácter urgente en materia de vivienda, a fin de atender la situación de especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos para ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada. A tal efecto se regula el régimen legal de las viviendas de protección pública, junto con medidas para la movilización de las viviendas de titularidad pública y la salida al mercado de las viviendas disponibles. Significativamente, el capítulo primero responde a la rápida evolución social, ampliando y detallando la relación de los colectivos de especial protección a efectos del acceso a una vivienda de protección pública.
 
II
 
En el capítulo segundo se despliega el nuevo régimen legal de las viviendas de protección pública, que sustituye al vigente modificando la mayor parte de los preceptos del título IV de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, con un grado de desarrollo mucho mayor del que tenían. De esta forma se soluciona el vacío normativo que se ha generado de forma un tanto repentina por la ausencia de regulación al respecto en la nueva planificación estatal en materia de vivienda, frente a la detallada normativa que tradicionalmente incluían los planes precedentes.
En efecto, las políticas de vivienda que se venían ejecutando en Castilla y León se desarrollaban en coordinación con la Administración del Estado a través de los planes estatales de vivienda y de los convenios suscritos entre ambas administraciones para la ejecución de los mismos. Pero el nuevo plan estatal, aprobado por el citado Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, con su pretensión de reorientar esas políticas hacia el alquiler y la rehabilitación, ha eliminado gran parte de la regulación que se venía aplicando a las viviendas de protección pública, y todo su marco financiero de apoyo.
Es esta imprevista situación de vacío normativo, que haría imposible en la práctica el normal desempeño de las competencias en materia de vivienda, la que justifica la urgencia de restaurar una regulación de carácter general; ello sin perjuicio de que al mismo tiempo se lleve a cabo la necesaria adaptación al nuevo contexto socioeconómico: se adopta así una nueva perspectiva en la regulación de las viviendas de protección pública, ya que la ausencia de incentivos económicos deja sin justificación la simétrica exigencia regulativa, plasmada en múltiples limitaciones a la facultad de disponer, o en los estrictos requisitos exigidos a los adquirentes, que ahora dificulta la venta de las viviendas construidas, así como la planificación y construcción futura de otras nuevas.
En primer lugar se regulan con detalle las clases de viviendas de protección pública: la denominada «vivienda de protección pública general» y las destinadas a situaciones especiales: la «vivienda joven», la «vivienda de precio limitado para familias» y la «vivienda de protección pública en el medio rural»; de forma separada se regulan los «alojamientos protegidos», con su régimen de construcción en suelos dotacionales y su regulación más estricta, limitada al arrendamiento y con un régimen legal de protección de carácter permanente.
Como ya se ha anunciado, la ausencia de financiación pública aconseja suavizar el rigor de la regulación administrativa: de ahí que la duración del régimen legal de protección de las viviendas de protección pública se limite a 15 años y se suavicen las condiciones temporales para su descalificación, para las de promoción privada, manteniendo las de promoción pública la prohibición de descalificar. En cuanto a la determinación de los precios, es preciso que se habilite un mecanismo de ámbito autonómico en previsión de ausencia del estatal.
Vemos ya como esta nueva regulación separa de forma clara la promoción privada, necesitada de estímulos y flexibilidad, de la promoción pública, que debe abandonar la competencia con el sector privado para concentrarse en los segmentos que le son propios: la atención a las personas y familias de menor poder adquisitivo, para las cuales el mercado no proporciona una solución a sus necesidades de vivienda. Es por ello que la actuación directa de las administraciones en materia de vivienda se limita, en términos puramente económicos, a los sectores sociales desfavorecidos, mientras que la promoción privada tendrá un marco de actuación más amplio, que se plasma en la flexibilización de los requisitos exigibles para el acceso a las viviendas de protección pública. Al respecto hay que destacar además la sensibilidad hacia los nuevos problemas sociales: la posesión de una vivienda no implica una situación mejor cuando las dificultades para venderla dificultan la movilidad laboral.
En cuanto a los procedimientos de calificación, su reforma se inscribe en el contexto de simplificación de las estructuras administrativas y consiguiente supresión de duplicidades. De ahí que, una vez otorgada la calificación de las viviendas de protección pública tal como se hacía con la «calificación provisional», no se exija un nuevo acto expreso para levantar su condición resolutoria, sirviendo a tal efecto el otorgamiento de licencia de primera ocupación. No menos relevante es la regulación de las garantías de que gozarán los adquirentes frente al supuesto de que la calificación sea denegada u opere su condición resolutoria, situación en la cual podrán resolver el contrato o solicitar la rehabilitación del expediente a su favor. Por otro lado, la calificación es el único procedimiento que mantiene el silencio negativo, al concurrir razones imperiosas de interés general; estas razones se encuentran en la imprescindible y necesaria seguridad, tanto desde el punto de vista estructural como de instalaciones, con la que deben contar los edificios de viviendas.
En cuanto a los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios, se hace obligatorio el sorteo no solo para la promoción pública, sino también para la promoción privada cuando el terreno provenga de cesión o enajenación de una administración pública.
Por último, otra serie de modificaciones relativas a los destinatarios de las viviendas, los visados de contratos de compraventa y arrendamiento, autorizaciones de cambio de uso y limitaciones a la facultad de disponer, contribuyen en conjunto a articular un régimen legal que permita asegurar la pervivencia futura de las viviendas de protección pública, como herramienta de utilidad contrastada para garantizar el tantas veces citado derecho constitucional a la vivienda.
 
III
 
El capítulo tercero concentra las medidas específicamente dirigidas a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes. Es aquí donde se muestra con más fuerza el compromiso de la administración con los sectores sociales más golpeados por la crisis, pues se les exige un sacrificio patrimonial que, aunque limitado en el tiempo a los próximos dos años, solo puede justificarse por una situación sin duda excepcional, traída al primer plano de la vida española por el drama de los desahucios.
La lucha contra esa lacra se refuerza en esta Ley en lo relativo a las viviendas de la Administración de la Comunidad que se transmiten a sus futuros propietarios mediante cuotas, o que se alquilan. En ambos casos el rápido aumento de la morosidad desvela situaciones problemáticas que podrán atenderse, evitando el indeseado desahucio, gracias a la posibilidad de solicitar una moratoria en el pago de las cuotas o de la renta mensual, o simplemente de reducir esta, opciones acompañadas en todo caso de la correspondiente reestructuración de la deuda. Como es lógico, las condiciones para acceder a estas opciones han de guardar relación directa con la situación económica y laboral de los ocupantes, sin perjuicio de valorar también su pertenencia a los colectivos de especial protección, pero en todo caso de forma restringida a quienes ocupen las viviendas como residencia habitual y permanente y con título legal para ello.
Más allá de esta actuación sobre los ocupantes de viviendas de promoción pública, también es posible prestar otra contribución relevante a la protección de las personas en riesgo de exclusión social mediante la reserva inmediata de un cierto número de viviendas desocupadas, cuya necesidad en cada ciudad habrá de ser valorada por los servicios sociales, y que se adjudicarán en alquiler a través de la oportuna actuación singular, mecanismo de respuesta urgente para situaciones que no admiten demora. Además de estas, otra parte de las viviendas de titularidad pública que se encuentren desocupadas o que lleguen a estarlo en el plazo de dos años, habrán de reservarse para dar los primeros pasos en la consolidación de los parques públicos de alquiler social, a partir de las existencias actuales.
En cuanto a las viviendas promovidas por la Administración de la Comunidad aún sin adjudicar o en proceso de construcción, esta Ley responde a las numerosas peticiones recibidas desde múltiples instancias sociales para proceder sin demora a una sustancial rebaja de sus precios máximos de venta o alquiler, con el fin de facilitar el acceso a las mismas de sectores más amplios de la población.
Otra medida que contribuirá a la deseada normalización social es la oferta a las personas y familias que cuenten con los recursos suficientes para pagar anticipadamente las cantidades que adeuden para la compra de viviendas de promoción directa, en condiciones económicas que lo facilitan de forma sustancial.
 
IV
 
El capítulo cuarto aporta un conjunto de medidas también de carácter temporal, orientadas a proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública, que genera no solo problemas financieros a sus promotores, sino también riesgos graves de deterioro físico, y tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales. Aunque lógicamente estas medidas no pueden ser tan ambiciosas como las desplegadas para las viviendas de promoción pública, sí contribuirán a hacerlas accesibles para grupos más amplios de la población.
Medidas de carácter general son la autorización para ampliar el periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los adquirentes y de los arrendatarios potenciales. También las viviendas con calificaciones específicas (vivienda joven, vivienda de precio limitado para familias) podrán ofrecerse a cualquier destinatario que cumpla las condiciones generales de acceso a las viviendas de protección pública, tanto para su adquisición como para su arrendamiento. Y quienes estén alquilando viviendas de protección pública con opción de compra a 10 años, podrán adelantar dicha opción. En cambio, el régimen excepcional conforme al cual los propietarios de viviendas de protección pública no estarán obligados a reintegrar las ayudas que hayan recibido, se reserva para los casos de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio, por ejecución judicial o extrajudicial del préstamo.
Un caso particular son los estímulos para la compra de vivienda con destino al alquiler, estando los adquirentes eximidos de cumplir los requisitos para acceder a las viviendas de protección pública si se comprometen a alquilar la vivienda, durante al menos 5 años, a personas que sí cumplan los citados requisitos. Por otro lado, la necesidad de aprovechar cualquier oportunidad laboral, unida a la dificultad de dar salida en el mercado de venta a las viviendas previamente adquiridas, genera una injusta limitación para alquilar viviendas de protección pública a quienes deban cambiar de residencia por motivos laborales, que esta Ley elimina. Por último, la posibilidad de reducir hasta 10 años la duración del régimen legal de protección y de descalificar la vivienda en ciertos supuestos, son herramientas complementarias para contribuir a la comercialización de los excedentes acumulados de viviendas de protección pública.
 
V
 
En la parte final de la Ley, las disposiciones adicionales aportan definiciones necesarias y normas para la gestión de datos en los procedimientos regulados en esta Ley y, en general, en todos los relativos a viviendas de protección pública.
Las disposiciones transitorias aclaran el régimen aplicable a las viviendas de protección pública ya calificadas, otorgan un plazo suficiente para finalizar los procedimientos iniciados al amparo de la normativa anterior, y mantienen la vigencia provisional de algunas normas instrumentales, como los módulos de referencia para determinar los precios de las viviendas de protección pública en cada caso.
La disposición derogatoria suprime varios preceptos de la Ley del derecho a la vivienda: el 10 y el 13, porque constriñen de modo innecesario el desarrollo de la planificación de vivienda a nivel autonómico y municipal; el 19.4, ya que la certificación energética ha recibido regulación a nivel estatal; el 46.3, porque permitía vincular hasta dos plazas de garaje a una vivienda de protección pública encareciendo el precio de esta; el 47, porque su contenido se integra en la redacción dada al artículo 45; el 60.2, porque el registro de entidades promotoras que preveía es un instrumento de control sin suficiente justificación; la disposición adicional primera, porque su mandato se plasma con mayor concreción en esta Ley; y los preceptos sobre las comisiones territoriales de vivienda, por tratarse de órganos sin funciones reales más allá de su participación en los procedimientos de selección de adquirentes y arrendatarios, donde precisamente la progresiva sujeción a un marco reglado hace inadecuada la intervención de un órgano colegiado con potestades discrecionales.
También se derogan los decretos que regulaban las modalidades de vivienda joven y vivienda de precio limitado para familias, entre otras normas que resultan obsoletas por efecto de esta Ley.
Por último, se deroga asimismo el Decreto-ley 1/2013, de 31 de julio, de medidas urgentes en materia de vivienda, que las Cortes de Castilla y León, tras su convalidación, acordó tramitar como proyecto de ley y que es el origen de la presente Ley.
Las disposiciones finales se refieren: a la modificación de la Ley del derecho a la vivienda para establecer una adecuada distribución de competencias entre las administraciones local y regional en lo relativo al ejercicio de la potestad sancionadora; a la interpretación de las referencias normativas a la «calificación provisional» y la «calificación definitiva» de las viviendas de protección pública; a las facultades de desarrollo normativo y de prórroga de las medidas; y a la entrada en vigor de la Ley.