Ley 3/2004, de 10 de diciembre, de creación de la Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor

 

 

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TEXTO

 

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

 

PREÁMBULO

 

I

 

El artículo 39 de nuestra Constitución, dentro de los denominados Principios Rectores de la Política Social y Económica, proclama la obligación de protección a los niños. Dicha protección se articula conforme a la Convención de los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, ratificada por España mediante Instrumento de 30 de noviembre de 1990, y, en particular, mediante la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como, en el ámbito penal, en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, tras su modificación por la Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, por la Ley Orgánica 9/2002, de 10 de diciembre, y por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.

Por su parte, el artículo 25.2 de la Carta Magna prevé que las penas privativas de libertad y medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. El artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000 establece en su apartado primero que «la ejecución de las medidas adoptadas por los Jueces de Menores, en sus sentencias firmes, es competencia de las Comunidades Autónomas», concretando en su apartado 2.º la competencia territorial, al determinar que «corresponderá a la Comunidad Autónoma donde se ubique el Juzgado de Menores».Dada la premura de tiempo existente, como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, el próximo 1 de marzo de 2005, que exige la puesta en marcha de una serie de medidas en tres materias concretas: la actuación de la Policía Judicial y del Equipo Técnico, la ejecución de las medidas cautelares y definitivas y el régimen disciplinario de los Centros de Internamiento en sus distintos regímenes y modalidades y una vez avanzada la planificación de apertura de centros necesaria para la ejecución de las medidas de internamiento, se considera necesario redefinir el modelo organizativo vigente, lo que exige la previa adaptación de las estructuras de la Administración de la Comunidad de Madrid, incluida la reordenación de medios personales y materiales, para lo cual se hace preciso contar con un órgano que asuma toda la intervención administrativa en aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, así como de su Reglamento de desarrollo.

 

II

 

Tanto las actuaciones previstas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, como en su Reglamento de desarrollo, se circunscriben a la esfera de la responsabilidad penal del menor y, por tanto, inciden en las competencias de la Consejería competente en materia de justicia como Departamento al que le corresponde su ejercicio, en previsión de lo dispuesto en el Título IV del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado mediante Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, tras su modificación por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio. Por su parte, la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creación del Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en su artículo 3, tras la modificación operada por el artículo 8 de la Ley 18/2000, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, prevé como una de las funciones propias del Instituto la de ejercer las competencias que a la Comunidad de Madrid corresponden en materia de protección de menores y, en particular, las establecidas en el citado artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000.

Por tanto, el desarrollo y ejecución de tales medidas afecta a dos Consejerías con competencias concurrentes en la materia (las actuales de Justicia e Interior, de una parte, y de Familia y Asuntos Sociales, a través del Instituto Madrileño del Menor y la Familia, de otra), lo que aconseja reestructurar la organización de la Comunidad de Madrid, en aras de los principios de eficacia, eficiencia y economía, a fin de evitar duplicidades indeseables, descoordinación y gastos innecesarios. Para ello, se pretende por la presente Ley la creación de un Organismo Autónomo, la Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, que en el ámbito de la Comunidad de Madrid asuma de manera integral la ejecución de cuantas medidas sean necesarias para el cumplimiento de los aspectos y actuaciones recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal de los Menores, y en su Reglamento de desarrollo, de tal modo que impulse, dirija y coordine todos los trabajos en marcha y las acciones previstas al efecto por las distintas Consejerías intervinientes del Gobierno Regional. En virtud de lo dispuesto en el artículo 26.1.1 del Estatuto de Autonomía que atribuye a la Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de organización, régimen y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno y dada la especificidad de la materia, se considera necesario concentrar todas las funciones derivadas de la Ley Orgánica 5/2000 y del Real Decreto 1774/2004 en este nuevo Organismo Autónomo, con personalidad jurídica propia, que quedará adscrito a la Consejería competente en materia de justicia. Por el contrario, las funciones del Instituto Madrileño del Menor y la Familia quedarán referidas a actuaciones relativas a menores, con carácter general, frente a la concreción y especialidad de las atribuidas a la nueva Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor.

 

III

 

La presente Ley se compone de 16 artículos en los que se determinan la naturaleza, fines y funciones de la Agencia; su adscripción a la Consejería de la Comunidad de Madrid a la que se atribuyan las competencias en materia de justicia; su composición, donde destaca el Consejo de Administración en el que se encuentran representadas varias Consejerías de la Comunidad de Madrid que por razón de la materia tienen incidencia en las funciones que va a desempeñar la Agencia, así como la existencia de una Comisión de Asesoramiento Técnico.

De igual forma, se estructura en una Disposición Adicional, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales. La Disposición Adicional tiene como finalidad regular la subrogación de la Agencia en la titularidad de los bienes, derechos y obligaciones que hasta la fecha correspondían al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, mientras que las Disposiciones Finales persiguen promover los cambios normativos necesarios que hagan posible la puesta en marcha y correcto funcionamiento de la Agencia, incluidas las oportunas habilitaciones de desarrollo; se modifican varias disposiciones que se van a ver afectadas por la creación de la nueva Agencia y, en especial, el artículo 3 de la Ley 2/1996, de 24 de junio, de creación del Organismo Autónomo Instituto Madrileño del Menor y la Familia, en lo referido al ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores; y la correspondiente «vacatio legis».