miércoles, 8 de enero de 2014

Ley 2/2013, de 14 de junio, de modificación de la Ley 13/1984, de 30 de junio, de creación, organización y control parlamentario del Ente Público de Radio Televisión Madrid

 
 
 
 TEXTO
 
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
 
PREÁMBULO
 
La Ley 13/1984, de 30 de junio, regula la creación, organización y control parlamentario del Ente Público Radio Televisión de Madrid, al que se encomienda la gestión del servicio público de Radio y Televisión.
En la citada Ley se establece el marco normativo por el que se debe regir el Consejo de Administración del Ente, tanto desde el punto de vista de su composición como de su funcionamiento, incluyendo las cuestiones relativas a las competencias que le corresponden.
Sin embargo, en el marco actual de austeridad y contención del gasto público es necesario e imprescindible acomodar la regulación relativa al Consejo de Administración a la situación en que se encuentra el Ente.
La norma no tiene por objeto menoscabar la independencia ni el buen funcionamiento del Consejo de Administración en los términos previstos en la Ley, sino establecer, a imagen y semejanza de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio, un régimen de composición del Consejo más reducido pero que no impida su adecuado funcionamiento, acomodándose mejor a las exigencias de la realidad tanto social como del propio Ente.
Por ello, se establece un número máximo de miembros del Consejo de Administración, en concreto nueve, manteniéndose el mismo sistema de elección así como la exigencia de que todos los Grupos Parlamentarios, en aras del debido control que se debe observar sobre un medio de comunicación público, puedan tener al menos un miembro.
En definitiva, la Ley continúa en la senda de reducción del gasto público y mantenimiento de los principios de austeridad y eficiencia que deben marcar la actuación de los Poderes Públicos.

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